martes, 5 de abril de 2011

LA DES-INTEGRACIÓN DE EUROPA



Los líderes europeos critican el multiculturalismo en un intento de atraer a los votantes de extrema derecha. Pero con ello están poniendo en peligro decenios de avances en las relaciones con las minorías musulmanas.


Uno tras otro, los líderes de los tres países con el mayor número de inmigrantes de Europa han decidido rechazar solemnemente una política que hace mucho que dejó de existir. En los últimos meses, la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro británico David Cameron y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, han dejado claro que el multiculturalismo no va a seguir siendo la doctrina europea para la integración de los inmigrantes.

"La estrategia multicultural, según la cual debemos vivir y ser felices unos al lado de otros, ha fracasado por completo", declaró Merkel en un discurso en octubre de 2010.

"Con la doctrina del multiculturalismo de Estado, hemos fomentado que distintas culturas vivan vidas aparte, separadas unas de otras y separadas de la población en general. No hemos sido capaces de ofrecer una visión de la sociedad a la que sientan que quieren pertenecer", dijo Cameron en febrero de 2011.

"El multiculturalismo es un fracaso. La verdad es que, en nuestras democracias, nos ha importado demasiado la identidad del inmigrante y demasiado poco la del país que le daba acogida", anunció Nicolas Sarkozy en la televisión gala ese mismo mes.

AFP/Gettyimages

Estas declaraciones, que coinciden de forma poco habitual, parecen señalar un punto de inflexión en las relaciones de Europa con su población musulmana, que es el objetivo de esas reformas que proponen. Los discursos pretendían transmitir la imagen de unos dirigentes políticos con pleno control de su destino nacional y en plena tarea de trazar un rumbo nuevo y audaz para sus respectivas sociedades. Pero la realidad es mucho menos grandiosa. Merkel, Cameron y Sarkozy están tratando de conectar con sus votantes de extrema derecha atacando con fiereza a un hombre de paja -el multiculturalismo- y ofreciendo muy pocos planes específicos que concreten el nuevo rumbo que proponen.

Asimismo están ignorando y poniendo en peligro años de trabajo de sus propios ministerios del Interior para perfeccionar y perfilar una nueva generación de políticas exigentes pero justas dirigidas a tratar con las organizaciones musulmanas locales. Y, en el proceso, están alimentando precisamente el fuego que pretenden contener con sus discursos: un populismo de extrema derecha cada vez más extendido, basado en el rechazo al islam.

Las opiniones contra los inmigrantes que habían empezado a oírse en Europa a finales del siglo XX adquirieron más intensidad durante el pánico al terrorismo de los primeros años de este siglo y se han visto reforzadas por un sentimiento creciente contra el islam desde que comenzó la presente década. Lo que ocurre es que estamos empezando a sentir el efecto político negativo de las crisis económicas de 2008-2009, y el resultado es una significativa ola populista en toda Europa occidental.

Esta ola suele adoptar la forma de partidos de extrema derecha, aunque algunos de ellos, por ejemplo en los Países Bajos y Gran Bretaña, incorporen elementos progresistas como la defensa de los derechos de los homosexuales y los de las mujeres. (La English Defence League posee una rama judía y otra gay.) Ahora bien, todos estos movimientos tienen una cosa en común: se oponen de forma explícita al islam. Igual que el antisemitismo fue el denominador común de los movimientos populistas en los años treinta, la obsesión con la inmigración musulmana se ha convertido en el rasgo fundamental de los partidos antisistema en la Europa actual. La consecuencia lógica es que los partidos de centro derecha se sienten obligados a radicalizarse, a irse hacia el extremo, por miedo a perder votos.

Y hacia el extremo se han ido. En Alemania, el discurso de Merkel estaba pensado para entrar en el debate nacional desencadenado por el libro de Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab ("Alemania se deshace de sí misma") y contentar al ala agresivamente nativista de su coalición de gobierno. Sarrazin, antiguo miembro del consejo del Bundesbank y del Partido Socialdemócrata, SPD, ha vendido más de un millón de ejemplares de su libro, que denuncia que Alemania ha empeorado por culpa de la inmigración musulmana. En Gran Bretaña, Cameron debe vigilar al ala populista de su partido además del Partido Nacional Británico.

En Holanda, el primer ministro, Mark Rutte, está tomando drásticas medidas contra el pañuelo en la cabeza y otras conductas propias de la religiosidad musulmana entre los empleados públicos y los beneficiarios del subsidio de desempleo a cambio del apoyo parlamentario de la facción antiislam de Geert Wilders. En Francia, Nicolas Sarkozy, que en 2007 logró arrebatar votantes al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen al abordar el tema de la "identidad nacional", mantuvo viva la llama con un debate oficial sobre el asunto en 2009 y otro sobre el burka en 2010. Para esta primavera, su partido, UMP, ha anunciado otro debate sobre "el islam y la laicidad", nombre que da Francia a su política oficial de neutralidad religiosa.

Sin embargo, estos tres líderes están luchando contra un fantasma. El vilipendiado "multiculturalismo", que los tres han destacado en sus invectivas, es un anacronismo político. Su significado tradicional -permitir que distintas comunidades vivan segregadas de la sociedad o incluso al margen de los dictados del Estado- quedó abandonado hace mucho tiempo en los países europeos.

El alboroto actual sobre la "compatibilidad" del islam con los valores europeos tenía más sentido a principios y mediados de los 90, cuando todavía se mataban corderos en bañeras, llegaban imanes extranjeros con visados de turistas y rezar en las aceras era la única opción que tenían muchos musulmanes. En aquella época, las prácticas religiosas de los musulmanes en Alemania -como en prácticamente el resto de Europa- seguían considerándose una cuestión de relaciones exteriores, no de política interior. Durante los últimos veinte años, Alemania, Gran Bretaña y Francia, que en conjunto albergan a unos dos tercios de los 16 millones de musulmanes europeos, se han esforzado para adaptar la práctica del islam a la de las otras grandes comunidades religiosas y, al mismo tiempo, cooperar con los grupos musulmanes para marginar a los extremistas violentos. Tras años de mantener el islam fuera de las instituciones nacionales, las autoridades empezaron a tratarlo como una religión nacional igual que las otras, animaron a los musulmanes a adoptar la nacionalidad de su país de acogida e incorporaron a las organizaciones islámicas. Docenas de políticos con cargos de responsabilidad nacional -incluido Sarkozy- gastaron importantes recursos y un considerable capital político en este proceso durante los primeros años de este siglo, y a nadie se le habría ocurrido pensar que sus soluciones eran multiculturalismo. Sin embargo, ahora, los dirigentes europeos quieren sacudirse esa sombra. ¿Qué es, en concreto, lo que proponen cambiar?

Hace mucho tiempo que los partidos de centro derecha en Europa acostumbran a apropiarse de las propuestas de la extrema derecha sobre inseguridad, inmigración e islam -por ejemplo, hace mucho que la izquierda denuncia la lepenización de la política francesa-, pero este último giro populista presenta varios problemas prácticos y políticos. Una diferencia fundamental entre la reacción contra el islam y otras oleadas anteriores de sentimiento antiinmigrantes es que las comunidades a las que afecta ya no están formadas por inmigrantes, sino por ciudadanos de pleno derecho, y la llegada de nuevos trabajadores se ha reducido enormemente. La vieja retórica de la extrema derecha que culpaba a los extranjeros de todos los problemas sociales y económicos ("dos millones de desempleados = dos millones de inmigrantes", era el eslogan de Le Pen en 1983) ya no funciona, porque su consecuencia lógica -deportarlos- es imposible desde el punto de vista legal.

¿Pero acaso es mejor el lenguaje suave que están utilizando ahora los líderes europeos? La retórica de Cameron, por ejemplo, se desliza entre su receta de "lo que hace un país auténticamente liberal" -es decir, promover "la libertad de expresión, la libertad de culto, la democracia, el imperio de la ley y la igualdad de derechos independientemente de la raza, el sexo y la orientación sexual"- y la prueba de compromiso que propone para las organizaciones musulmanas, con preguntas como "¿Creen en los derechos humanos universales?" Es evidente que "pertenecer" a Gran Bretaña no exige ser defensor de los derechos de los homosexuales ni el feminismo, porque muchos grupos nativos no pasarían la prueba. Y ésa es la misma dirección que emprendieron varios landers alemanes en 2007 cuando añadieron varias preguntas de vida efímera al proceso de nacionalización que indagaban en la actitud de los aspirantes musulmanes respecto a la sharia, Israel y la cohabitación entre personas del mismo sexo.

El vocabulario actual representa un paso atrás a una época en la que los gobiernos preferían llevar orejeras que agarrar la historia por los cuernos. "El islam no tiene hueco en Alemania", dice hoy el nuevo ministro alemán del Interior, Hans-Peter Friedrich, en una nueva versión del viejo dicho democristiano que afirmaba que "Alemania no es un país de inmigración". Una obstrucción ideológica disfrazada de observación fría.

Pero las recetas políticas no son mucho más estimulantes. David Cameron ofrece dos ideas concretas: retirar las subvenciones públicas a las organizaciones musulmanas antidemocráticas y dejar de compartir "planes ministeriales" con grupos cuyos valores no nos gustan. Lo primero ya ha empezado a ocurrir como efecto secundario de los recortes presupuestarios del pasado mes de octubre, y lo segundo -interrumpir la colaboración con grupos islamistas no violentos contra el radicalismo- ha provocado un desacuerdo interno de la coalición sobre la cuestión de si el extremismo no violento es una puerta o un obstáculo para el terrorismo. El vice primer ministro, Nick Clegg, del partido Demócrata Liberal, afirmó después del discurso de su jefe que, "si de verdad confiamos en la fuerza de nuestros valores liberales, debemos confiar en su capacidad de derrotar los argumentos de nuestros adversarios, que son inferiores... Como no se gana una lucha es abandonando el cuadrilátero. Hay que quedarse y vencer.”

La afirmación de Clegg es asombrosamente parecida a la lógica que empleó Sarkozy en 2003 al rechazar las críticas a su diálogo con grupos islámicos cuando era ministro del Interior: "Si les parece que el islam es incompatible con la República, ¿qué hacemos con los cinco millones de personas de origen musulmán que viven en Francia? ¿Las expulsamos, las convertimos o les pedimos que no practiquen su religión? Junto con el Consejo Francés para la Religión Musulmana, estamos organizando un islam que sea compatible con los valores de la República". Por cierto, los máximos índices de aprobación que ha tenido Sarkozy hasta ahora (58-59%) se dieron entre enero y mayo de 2003, durante su colaboración con el Consejo Francés para la Religión Musulmana.

El deseo comprensible que tienen los líderes europeos de vigilar su flanco derecho puede serles contraproducente. Los gobernantes han dado más amplitud al descontento contra el islam porque lo han convertido en algo oficial y respetable. Los debates sobre la "identidad nacional" y el burka en Francia fueron claros guiños al electorado del Frente Nacional. Pero, como dijo una vez el propio Le Pen, los votantes suelen preferir el original que la fotocopia. La estrategia de Sarkozy, en vez de contener el peligro de la extrema derecha en Francia, parece haber dado la razón a la histórica insistencia del FN en que los musulmanes son una amenaza contra la identidad francesa. Por ejemplo, según algunos sondeos, Martine Le Pen, hija de Jean-Marie, que ha asumido en los últimos tiempos el liderazgo del partido, está en cabeza para la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2012. Hace poco comentó: "Un poco más de palabrería sobre el islam y la laicidad, y pronto llegaré al 25%". Y eso es exactamente lo que ha sucedido.

La población musulmana de Italia, Gran Bretaña, Bélgica y Suecia se duplicará seguramente de aquí a 2030

Además, infundir el miedo al islam no es ninguna fórmula garantizada para tener tranquilidad interna. Los ciudadanos musulmanes pueden hartarse de ser el blanco, no sólo de los partidos de extrema derecha, sino de los gobiernos centristas. Y eso puede proporcionar una causa común a poblaciones musulmanas muy distintas y dispersas, divididas por la etnia y el origen nacional, por el sectarismo y la orientación ideológica. En otras palabras, imponer restricciones a la libertad religiosa sin garantizar una igualdad institucional básica para el islam puede acabar haciendo que los musulmanes se agrupen en defensa de sus valores religiosos, precisamente lo que los gobiernos están intentando evitar.

La postura actual de Merkel, Cameron y Sarkozy puede desbaratar asimismo los esfuerzos de la última década para integrar a las comunidades musulmanas, crear nuevas divisiones y deshacer los sutiles logros políticos de los últimos años, los compromisos obtenidos por los Estados de los grupos islámicos en el sentido de que iban a respetar las leyes civiles y adaptar sus prácticas al contexto local.

Los gobiernos tienen que decidir entre dos opciones, las mismas que desde hace años: remangarse y hacer de mediadores entre distintos grupos religiosos, o mantener los puños bien abrochados y dejar que otros gobiernos y movimientos transnacionales se encarguen de esa tarea. Estos problemas no van a desaparecer por sí solos. Las últimas proyecciones demográficas publicadas por el Pew Forum prevén un aumento global de las minorías musulmanas en Europa del 6% al 8% de la población total en los próximos 20 años. La población musulmana de Italia, Gran Bretaña, Bélgica y Suecia se duplicará seguramente de aquí a 2030. Y esos musulmanes serán, cada vez más, ciudadanos nativos, nacidos y educados en sus respectivas sociedades. Ya no serán meros objetos de debates políticos, sino que cada vez más participarán en ellas como miembros de pleno derecho de la sociedad, aunque sigan siendo una minoría. Más importante que su número será qué tipo de ciudadanos se les enseña a ser.

¿Buscarán los partidos políticos la participación musulmana? ¿Responderán los planificadores educativos y universitarios a los retos que representa una minoría étnicamente distinta y en situación de desventaja económica? ¿Habrá un ambiente de libertad religiosa y esfuerzos para castigar la discriminación ilegal? ¿O vencerán las fuerzas de la intolerancia y la mutua sospecha? La pasada década nos suministró algunos ejemplos alentadores de "relaciones entre mezquita y Estado", pero ésta no ha comenzado de forma prometedora. Muchos no musulmanes están muy preocupados por su futuro en una Europa cambiante. Pero la perspectiva de que la integración fracase debería asustar mucho más a todos los afectados.

ABAJO LO VIEJO, VIVA LO VIEJO



Estos seis hombres manejan los hilos en Oriente Medio y ahora quieren dirigirlo en la nueva situación.


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Arabia Saudí

Príncipe Nayef bin Abdul Aziz

Nayef, que tiene 77 años relativamente bien llevados, es ministro de Interior de Arabia Saudí desde 1975 y ha dirigido la lucha del reino contra el terrorismo y contra otras formas de disidencia más pacíficas. Pero el rey Abdalá, de 87 años, está viejo y enfermo, y su hermano, el príncipe heredero Sultán, de 86, según se dice, sufre Alzheimer, y muchos observadores creen que el ultraconservador Nayef será el próximo jefe de la empresa familiar más rica y armada del mundo. Entre las mejores perlas de este príncipe inflexible: acusar a los "sionistas" de haber cometido los atentados del 11-S, rechazar la idea de celebrar elecciones y supervisar los pagos a las familias de los terroristas suicidas palestinos. El discurso que pronunció el rey Abdalá el viernes 18 de marzo fue típico de Nayef: ni una insinuación de reformas políticas, la prohibición de criticar a los clérigos y montañas de dinero para el aparato religioso wahabí del país.

Bahréin

Jeque Issa Qassim

El principal clérigo chií de Bahréin es una figura relativamente desconocida fuera del pequeño reino situado en el Golfo Pérsico, pero se ha convertido en un personaje fundamental en una situación que está convirtiéndose en una guerra fría entre facciones extendida por todo Oriente Medio. Seguidor del líder supremo iraní, Alí Jamenei, Qassim goza del respeto de la mayría chií de su país y de la desconfianza de la minoría suní, que teme que adopte la velayate faqih, la doctrina iraní del gobierno de los clérigos. Según la investigadora europea Katja Niethammer, "parece que hay pocas decisiones que puedan tomarse... sin consultar antes a Isa Qassim, desde cuestiones relacionadas con las leyes previstas sobre el código de estatus personal hasta la participación en las elecciones".

Sin embargo, el clérigo ha desempeñado un papel relativamente moderado en los últimos acontecimientos de Bahréin y ha instado a sus seguidores a que expresaran sus demandas de manera pacífica. "Recuerdo a todo nuestro pueblo, suníes y chiíes, que está prohibido derramar la sangre de otra persona bajo ningún pretexto", proclamó hace poco en un sermón del viernes. Y en otro dijo: "Pueden usar tanques y aviones para aplastar nuestros cuerpos, pero nunca romperán nuestras almas ni nuestra voluntad de reformas".


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Libia

Mustafá Mohamed Abdel Jalil

Jalil, uno de los cargos más importantes que desertó del gobierno de Muamar el Gadafi, encabeza el Consejo de Transición Nacional, el grupo que presentado como dirección política de la rebelión libia. Ahora bien, no está claro qué influencia tienen Jalil -que era ministro de Justicia de Gadafi hasta su dimisión en señal de protesta, el 20 de febrero- y el resto del consejo sobre las desorganizadas milicias y los desertores que constituyen el ejército rebelde, ni mucho menos sobre la población en general. Tampoco es fácil saber si el consejo tiene algún poder más allá de la parte oriental de Libia, de donde proceden muchos líderes del grupo. No obstante, Jalil, de 59 años, se ha ganado el respeto de un sector insólito: los activistas de derechos humanos. En agosto de 2010, Heba Morayef, de Human Rights Watch, elogió a Jalil por su ayuda en el intento de obtener justicia para un grupo de prisioneros que habían sido detenidos de forma arbitraria. DPA, la agencia de noticias alemana, describe al antiguo abogado como "conservador y musulmán devoto, no un islamista radical".

Yemen

Alí Muhsin al Ahmar

Cuando Ahmar anunció repentinamente su apoyo al movimiento de protesta que sacude el país más pobre del Golfo desde hace varias semanas, tanto los yemeníes como los analistas políticos llegaron a la conclusión de que la caída del presidente Alí Abdalá Saleh no era más que cuestión de tiempo. "Proclamo en nombre de los oficiales del Ejército, que son una parte importante de la comunidad y defensores del pueblo, nuestro apoyo pacífico a la revolución", declaró el general de brigada, al anunciar su deserción. Pero Ahmar, familiar y, hasta entonces, estrecho colaborador de Saleh, no es tampoco ningún santo. Como comandante del distrito militar del noroeste de Yemen, Ahmar fue la punta de lanza en la brutal lucha de Saleh contra los rebeldes chiíes, y a veces utilizó a los yihadistas radicales para que libraran sus batallas. Además, está acusado de participación en diversas actividades delictivas. No obstante, tras su deserción se produjo la de docenas más de personajes importantes del régimen. "Alí Muhsin es, sin duda, la figura más poderosa en el Ejército, y su anunció abrió las compuertas", escribe Gregory Johnsen, un experto en Yemen de la Universidad de Princeton (EE UU).


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Egipto/Qatar

Yusuf al Qaradaui

Qaradawi, uno de los predicadores islámicos más prominentes del mundo árabe, utiliza su prestigio para apoyar desde hace mucho tiempo a los Hermanos Musulmanes de Egipto desde su observatorio de Doha, Qatar. Qaradawi, de 84 años, ha escrito docenas de libros sobre el islam y fundó IslamOnline, un sitio web religioso muy influyente que cuenta con numerosísimos seguidores en todo el mundo. Encarcelado en tiempos del rey Faruk y Gamal Abdel Nasser, ha provocado controversias al elogiar a los terroristas suicidas palestinos e iraquíes, defender la necesidad de pegar a la esposa "como último recurso" y criticar duramente a los chiíes o considerarlos "herejes". Sin embargo, también muestra a veces una faceta ecuménica, como cuando, después de haber vivido exiliado, volvió a Egipto tras la caída de Hosni Mubarak para dirigir las oraciones del viernes y dirigió su sermón a musulmanes y cristianos. A pesar de su avanzada edad, Qaradawi ha desempeñado un papel importante con su impulso de las protestas árabes, su condena de autócratas como Mubarak y el tunecino Zine el Abidine Ben Alí e incluso la publicación de una fatua en la que pide la muerte del dictador libio Muamar el Gadafi, aunque, en cambio, sus críticas a los gobernantes del Golfo han sido significativamente discretas. Qaradawi tiene prohibida la entrada en Estados Unidos.

Egipto

Sami Enan

El Consejo Militar Supremo de Egipto -la junta militar que derrocó a Mubarak el 11 de febrero y asumió el papel de custodios de la transición democrática del país- está dirigido teóricamente por el mariscal de campo Marshal Mohamed Hussein Tantawi, de 75 años, el ex ministro de defensa del que se dice en un cable de WikiLeaks que es el "perrito faldero de Mubarak". En realidad, se considera que es Sami Enan, de 63, el dinámico jefe de las Fuerzas Armadas, quien cuenta con el respeto de las tropas y, sobre todo, de sus homólogos estadounidenses. Enan estudió en Rusia, habla un poco de francés y se sabe que de vez en cuando le gusta beber alguna copa, pero nunca se ha entrenado en Estados Unidos. En los últimos tiempos, mientras hace malabarismos para superar los retos de gobernar un país, y no sólo un Ejército, Enan habla a menudo con altos cargos militares estadounidenses. "Si todavía no es el hombre del Pentágono en Egipto", informa The New York Times, "muchos confían en que pronto lo será".

ATENCIÓN A COSTA DE MARFIL



La lejanía con el continente Europeo, el escaso valor estratégico y la poca visibilidad, hasta ahora, mediática, han hecho que el conflicto de Costa de Marfil, que dura ya cuatro meses, fuera un auténtico desconocido.


En imágenes: Éxodo en Costa de Marfil

copyright © ACNUR/G.Gordon

Oculto tras las revoluciones tunecina y egipcia y la intervención en Libia, el conflicto postelectoral en Costa de Marfil alcanza su cuarto mes de duración en medio de un grave sufrimiento humano y un recrudecimiento de la violencia. Si bien inmediatamente después de las elecciones el país recibió cierta atención, los eventos del Mediterráneo lo han desplazado fuera del foco mediático, demostrando así la incapacidad internacional de centrar su atención en más de un punto de África simultáneamente. Una crisis africana, lejos de Europa, vuelve a ser eclipsada por otras más cercanas al viejo continente, y la comunidad internacional se muestra otra vez incapaz de poner fin a un enfrentamiento cuya solución se ha hecho más difícil con el paso del tiempo.

En estos meses los combates han llevado al colapso la economía marfileña, una de las más importantes de la región, y el primer productor mundial de cacao; también han provocado el desplazamiento de un millón de personas, según ACNUR, y cientos de muertos – la gran mayoría asesinados por la milicia de los Jóvenes Patriotas fieles a Laurent Gbagbo. Éste perdió unas elecciones en las que su rival, Lansanne Ouattara, consiguió el 56% de los votos, pero se niega a abandonar el poder. La violencia hasta el momento se ha centrado en Abiyán – el París del África Occidental – de donde han huido cientos de miles de personas. Las sanciones internacionales, incluyendo la prohibición de exportar cacao, tenían como objetivo asfixiar al régimen de Gbagbo pero sólo han conseguido la parálisis del país: escasea el dinero en efectivo desde hace semanas y la gente sale de Costa de Marfil empujada tanto por la violencia como por la falta de trabajo.

El espectro de la guerra civil que asoló el país (2002-2004) hizo que, en un primer momento, Gbagbo encontrase una firme respuesta internacional. EE UU, la Unión Europea, la ONU, la Comunidad Económica de los Estados del África del Oeste (CEDEAO) y la Unión Africana reconocieron a Ouattara como presidente y exigieron a Gbagbo que abandonase el poder. Pese a la condena y las sanciones éste se mantuvo firme, obligando al presidente electo a establecer su Gobierno en el ya famoso Hotel Golf protegido por las tropas francesas y de la ONU. Una actitud similar a la de Gadafi, tildando también a la oposición de marionetas occidentales y rechazando cualquier compromiso. Al contario que en Trípoli, esta estrategia dio sus frutos ya que pese a las amenazas, la falta de firmeza internacional permitió a Gbagbo consolidarse en el mando.

Europa y el resto de la comunidad internacional deben trabajar para conseguir una pronta resolución del conflicto

Esta carencia de firmeza responde a varios factores. Además de la reticencia de los países no occidentales en el Consejo de Seguridad de la ONU a interferir en asuntos domésticos (especialmente Rusia en el caso marfileño), la Unión Africana efectuó un inexplicable cambio de posición en febrero, pasando de exigir la renuncia de Gbagbo a buscar una solución negociada. También es destacable el escaso valor estratégico de Costa de Marfil (el cacao no es petróleo). Por último, aunque no menos importante, es imposible no relacionar la tibia respuesta europea con la poca visibilidad del conflicto en los medios de comunicación. No sólo es que el país esté a miles, y no cientos, de kilómetros de Europa, sino que la (mínima) cobertura mediática incide especialmente en la dimensión humanitaria – y no política – de la crisis. Esto ayuda a enmarcar la situación, de modo que el papel reservado a Europa parece limitado a proporcionar ayuda humanitaria una vez la catástrofe sea imposible de ignorar.

Este punto parece haber llegado: el Reino Unido acaba de anunciar un primer paquete de ayuda humanitaria por valor de 16 millones de libras (unos 18 millones de euros) para los desplazados que abandonan Costa de Marfil y cruzan a Liberia (y cada vez más a Ghana). Dado el sufrimiento de estas personas y la posibilidad de que los refugiados desestabilicen la región, esto es necesario, pero no debemos olvidar ni lo tarde que llega ni el carácter político del conflicto. La renuncia de Gbagbo a abandonar el poder se sustenta en una división profunda del país, no sólo en términos regionales sino también ideológicos, sobre cómo entender la identidad marfileña. Esto, y la posible dimensión regional del enfrentamiento, ha llevado al diario Le Monde a comparar en un reciente editorial esta situación con la guerra civil española. España precisamente dice haber hecho de África Occidental una prioridad, y prepara una segunda Reunión de Alto Nivel España-CEDEAO. El silencio atronador con el que ha respondido a esta crisis sin embargo, parece dar la razón a aquellos que critican que el Estado español sólo se mueve en la región siguiendo intereses económicos, migratorios o de seguridad.

Los eventos de los últimos días, en los que los partidarios de Ouattara (renombrados Fuerzas Republicanas), han avanzado hacia el sur y controlan la totalidad del país, excepto algunos barrios de Abiyán, han acelerado la resolución del conflicto. Los combates se han sucedido en esta ciudad durante el fin de semana – sin que el coste en vidas civiles esté aún claro. En previsión a un enfrentamiento cruento y prolongado la ONU ha evacuado a sus trabajadores y las tropas francesas han tomado el control del aeropuerto de Abiyán para poder asegurar una posible evacuación de los 12.000 ciudadanos franceses que viven en Costa de Marfil. Estos días se ha conocido también un informe de la Cruz Roja que afirma que la toma de la ciudad de Doukeké por las fuerzas de Ouattara habría dejado 800 víctimas civiles, algo que debe ser esclarecido lo antes posible. La escalada de hostilidades, junto con la presión de organizaciones como International Crisis Group, habían ya puesto en funcionamiento la maquinaria diplomática. Nigeria y Francia presentaron el jueves pasado una nueva resolución al Consejo de Seguridad. La rapidez con la que se han desarrollado los eventos desde entonces, hace aún más imperativo que Europa y el resto de la comunidad internacional trabajen para conseguir una pronta resolución del conflicto que evite el sufrimiento de la población e impida que la inestabilidad se extienda a los países vecinos.

Es un momento clave para África Occidental; no sólo por la situación en Costa de Marfil sino también en vista de las próximas elecciones en Nigeria, cuyo éxito puede dar un impulso importantísimo a la región – algo que se sumaría a las buenas noticias de Guinea y Níger (países que acaban de iniciar su transición democrática tras salir de un Gobierno militar). De la misma manera que Túnez y Egipto han servido de ejemplo a otros países y que Europa no ha aceptado la brutalidad de Gadafi, la resolución del conflicto marfileño debe ser un requerimiento para la comunidad internacional. Las tabletas de chocolate aún no cuestan 10 euros, pero estos meses de combates han generado una grave crisis ante la cual el mundo – especialmente África y sus socios europeos – ha permanecido impasible durante demasiado tiempo, y a la que ahora debe reaccionar.

CAMINO A LA PAZ EN COLOMBIA



Estados Unidos y Colombia deben trabajar juntos para conseguir políticas que lleven la paz a Bogotá y la estabilización regional.


Spencer Platt/ GettyImages

La paz no es solamente, en estos momentos, una utopía para Colombia, sino una buena política. Los Gobiernos de Barack Obama y Juan Manuel Santos deben hacer una revisión de sus gestiones tras obtener unos resultados polémicos y no concluyentes derivados de una estrategia eminentemente bélica, que dura ya más de una década y que fue apoyada por Estados Unidos a través del Plan Colombia, dirigido a las fuerzas de seguridad colombianas. No obstante, mejorar la efectividad de las políticas actuales implica una inspección minuciosa de las deficiencias de los trabajos realizados en los últimos diez años. Ambos deben tener en cuenta otros procesos de paz en la región y la incorporación de acciones específicas de consolidación de la paz dentro de las políticas de los dos países.

El apoyo de EE UU al Plan Colombia no debe disociarse de la impunidad y la injusticia reinantes en el país. El Ejército colombiano está acusado de perpetrar 3.000 ejecuciones extrajudiciales, hay decenas de miles de desapariciones forzadas y cuentan con más personas desplazadas (5 millones) que cualquier otro Estado en el mundo. El apoyo a los esfuerzos militares, vinculados a las violaciones de los derechos humanos, daña la credibilidad de Washington. En especial, cuando estas brigadas, que reciben asistencia estadounidense, son las que cometen dichos crímenes, según datos de un informe presentado por la ONG Fellowship of Reconciliation.

Emprender una agenda de paz no está justificada solo por razones morales, sino también en términos de beneficios políticos concretos. Afortunadamente, los pasos iniciales del presidente Santos, durante sus primeros siete meses de gestión, indican que la ventana de oportunidades para la paz puede abrirse.

El Gobierno colombiano anterior estigmatizó los esfuerzos de la sociedad civil alegando enlaces con las insurgencias, en una manipulación peligrosa de su discurso. Santos se ha comprometido a revertir esta práctica, y tiene el capital político para iniciar y liderar semejante proceso. Afortunadamente, la sociedad civil colombiana tiene capacidad plena para esta tarea, con diversas organizaciones trabajando ya en la construcción de una base para un proceso eventual, incluyendo una iniciativa liderada por la Iglesia católica.

Muchas de las iniciativas de paz en la región se han construido en torno al grupo de amigos con el liderazgo de España. Esta coalición de Estados ha apoyado medidas de verificación internacional bajo auspicios de Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos. Esta estrategia funcionó en Guatemala, donde un esfuerzo sostenido y multilateral redujo las violaciones de los derechos humanos y creó acuerdos visionarios. Aunque, lamentablemente, nunca se implementaron para redefinir la realidad social y política del país. En el caso de Colombia, podría ayudar a terminar con otro conflicto derivado de la guerra fría.

Además, una iniciativa multilateral podría reducir el sufrimiento de civiles atrapados en zonas de combate, articulando un conjunto de normas para las partes que podrían ser monitoreadas internacionalmente. Con solo crear un documento base, verificable por la comunidad internacional, obtendría un beneficio potencial para reducir las atrocidades sufridas por las poblaciones civiles atrapadas en las zonas en conflicto.

Hay otros beneficios claros, para la política, que justifican la consideración de una agenda de paz. El liderazgo hacia ésta mostraría el compromiso de ambos Gobiernos hacia el desarrollo social, no solamente con soluciones militares. El desarrollo de una agenda podría ampliar el discurso social y político y la práctica democrática -limitado durante décadas por la ideología de seguridad nacional-, lo cual en su momento fortalecería el contrato social que subyace estructuras democráticas. Un proceso multilateral podría definir un papel más constructivo para los países vecinos, acusados por Colombia de albergar a las FARC, instándolas a participar en las negociaciones y cumplir con sus acuerdos. Liderar un proyecto de pacificación reforzaría la candidatura de Bogotá para conseguir un asiento eventual en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, también lograría el reto del presidente Santos de una “prosperidad democrática”, lo cual dependería, en parte, la posibilidad de canalizar los recursos, nacionales e internacionales, de objetivos militares a los de desarrollo social.

Las FARC están debilitadas y posiblemente están buscando una resolución negociada que les deje salir de forma creíble del conflicto tras medio siglo. Pero los recursos disponibles del narcotráfico pueden mantener a los 10.000 combatientes entre sus filas durante años, o peor aún, pueden dividirlos en cientos de grupos criminales. Los que dudan de la posibilidad de una desmovilización negociada deben recordar el récord exitoso de Colombia en desarmar a los insurgentes durante los 80 y 90. Encuestas de opinión pública, recientemente publicadas, indicaron que el 74% de la población cree que el Gobierno debe dialogar con los rebeldes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La alternativa es lo opuesto a los beneficios de una agenda de paz: la prolongación de violencia contra civiles; la percepción de que las agendas militares de EE UU y Colombia predominan sobre los derechos humanos y asuntos humanitarios; las amenazas y acusaciones entre Bogotá y sus vecinos que desestabilizan la región; y la continuación de un conflicto costoso, en términos de sufrimiento humano y recursos financieros, considerado de baja intensidad por analistas que no viven en zonas en crisis o que no pertenecen a poblaciones atrapadas entre las partes enfrentadas.

Por primera vez desde hace una década hay elementos y razones para que el presidente colombiano lidere hacia la paz con el apoyo de la Casa Blanca. Es una oportunidad que no hay que dejar pasar.

Los militares de Guantánamo, no los civiles, juzgarán al acusado del 11-S

Khalid Sheikh Mohammed, uno de los presuntos ideólogos de los ataques del 11 de septiembre de 2001, se enfrentará a un juicio militar en la base naval de Guatánamo, en vez de un proceso en un tribunal civil.

"Simplemente, no podemos permitir que el juicio siga posponiéndose", dijo el fiscal general Eric Holder.

El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama abandonó así su intención de someter a Mohammed a un juicio civil.

En marzo, Obama había puesto fin a la suspensión de juicios militares en la base militar, después de haber ordenado esa medida hacía dos años.

El presidente acusó al Congreso de afectar la seguridad nacional al oponerse a sus planes de cerrar la controvertida prisión e intentar que los sospechosos de delitos de terrorismo fueran llevados ante la justicia ordinaria.

Pena de muerte

Holder, que era un fuerte defensor de la decisión de someter a los presos por el 11-S a la justicia ordinaria, anunció su cambio de postura en una comparecencia ante la prensa.

El fiscal dijo que sus manos estaban atadas por las restricciones que habían impuesto los congresistas.

Mohammed fue capturado en Pakistán en 2003. En una audiencia en 2007, alegó que había sido torturado en Guantánamo.

Eric Holder

El fiscal Eric Holder había sido un defensor de los juicios civiles.

Documentos de la CIA registraron hasta 183 ocasiones en que había sido sometido al "tormento de toca" (waterboarding, en inglés) o simulación de ahogamientos.

La fiscalía estadounidense afirma que Mohammed confesó haber participado en numerosos atentados, además de los ataques del 11-S.

La confesión incluye la bomba en un club nocturno de Bali (Indonesia) en 2002, el atentado contra el World Trade Center de Nueva York en 1993, el asesinato del periodista estadounidense Daniel Pearl, y otros.

Mohammed será juzgado junto a otros cuatro sospechosos de ser sus cómplices: Walid bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa Ahmed al Hawsawi.

"Criminal de guerra"

"Felicitamos al presidente y al fiscal general por haber tomado esta decisión"

John McCain y Joe Lieberman

Cuando llegó al poder en 2009, Obama prometió cerrar Guantánamo en un año. Meses después, el fiscal general Holder anunció que Mohammed sería llevado ante la justicia en un tribunal civil de Nueva York.

Pero, como explica el corresponsal de la BBC en Washington Paul Adams, la fuerte resistencia ejercida por los grupos de oposición ha llevado al gobierno a ir desistiendo de sus planes poco a poco.

Preguntado sobre el cambio, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que la principal preocupación del presidente es que los acusados de perpetrar los atentados del 11-S fueran enjuiciados de la forma más rápida y justa posible.

La oposición en el Congreso a los planes del presidente, dijo, ha demostrado ser muy difícil de superar.

Después del anuncio, el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, Lamar Smith, calificó de "desafortunado" que "al gobierno de Obama le haya llevado dos años darse cuenta de lo que la mayoría de los estadounidenses saben: Mohammed no es un criminal común, es un criminal de guerra".

Los senadores John McCain y Joe Lieberman hicieron una declaración conjunta en la que calificaron la decisión de "lo correcto".

"Felicitamos al presidente y al fiscal general por haber tomado esta decisión".