viernes, 15 de abril de 2011

CAMINO A LA PAZ EN COLOMBIA



Estados Unidos y Colombia deben trabajar juntos para conseguir políticas que lleven la paz a Bogotá y la estabilización regional.


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La paz no es solamente, en estos momentos, una utopía para Colombia, sino una buena política. Los Gobiernos de Barack Obama y Juan Manuel Santos deben hacer una revisión de sus gestiones tras obtener unos resultados polémicos y no concluyentes derivados de una estrategia eminentemente bélica, que dura ya más de una década y que fue apoyada por Estados Unidos a través del Plan Colombia, dirigido a las fuerzas de seguridad colombianas. No obstante, mejorar la efectividad de las políticas actuales implica una inspección minuciosa de las deficiencias de los trabajos realizados en los últimos diez años. Ambos deben tener en cuenta otros procesos de paz en la región y la incorporación de acciones específicas de consolidación de la paz dentro de las políticas de los dos países.

El apoyo de EE UU al Plan Colombia no debe disociarse de la impunidad y la injusticia reinantes en el país. El Ejército colombiano está acusado de perpetrar 3.000 ejecuciones extrajudiciales, hay decenas de miles de desapariciones forzadas y cuentan con más personas desplazadas (5 millones) que cualquier otro Estado en el mundo. El apoyo a los esfuerzos militares, vinculados a las violaciones de los derechos humanos, daña la credibilidad de Washington. En especial, cuando estas brigadas, que reciben asistencia estadounidense, son las que cometen dichos crímenes, según datos de un informe presentado por la ONG Fellowship of Reconciliation.

Emprender una agenda de paz no está justificada solo por razones morales, sino también en términos de beneficios políticos concretos. Afortunadamente, los pasos iniciales del presidente Santos, durante sus primeros siete meses de gestión, indican que la ventana de oportunidades para la paz puede abrirse.

El Gobierno colombiano anterior estigmatizó los esfuerzos de la sociedad civil alegando enlaces con las insurgencias, en una manipulación peligrosa de su discurso. Santos se ha comprometido a revertir esta práctica, y tiene el capital político para iniciar y liderar semejante proceso. Afortunadamente, la sociedad civil colombiana tiene capacidad plena para esta tarea, con diversas organizaciones trabajando ya en la construcción de una base para un proceso eventual, incluyendo una iniciativa liderada por la Iglesia católica.

Muchas de las iniciativas de paz en la región se han construido en torno al grupo de amigos con el liderazgo de España. Esta coalición de Estados ha apoyado medidas de verificación internacional bajo auspicios de Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos. Esta estrategia funcionó en Guatemala, donde un esfuerzo sostenido y multilateral redujo las violaciones de los derechos humanos y creó acuerdos visionarios. Aunque, lamentablemente, nunca se implementaron para redefinir la realidad social y política del país. En el caso de Colombia, podría ayudar a terminar con otro conflicto derivado de la guerra fría.

Además, una iniciativa multilateral podría reducir el sufrimiento de civiles atrapados en zonas de combate, articulando un conjunto de normas para las partes que podrían ser monitoreadas internacionalmente. Con solo crear un documento base, verificable por la comunidad internacional, obtendría un beneficio potencial para reducir las atrocidades sufridas por las poblaciones civiles atrapadas en las zonas en conflicto.

Hay otros beneficios claros, para la política, que justifican la consideración de una agenda de paz. El liderazgo hacia ésta mostraría el compromiso de ambos Gobiernos hacia el desarrollo social, no solamente con soluciones militares. El desarrollo de una agenda podría ampliar el discurso social y político y la práctica democrática -limitado durante décadas por la ideología de seguridad nacional-, lo cual en su momento fortalecería el contrato social que subyace estructuras democráticas. Un proceso multilateral podría definir un papel más constructivo para los países vecinos, acusados por Colombia de albergar a las FARC, instándolas a participar en las negociaciones y cumplir con sus acuerdos. Liderar un proyecto de pacificación reforzaría la candidatura de Bogotá para conseguir un asiento eventual en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, también lograría el reto del presidente Santos de una “prosperidad democrática”, lo cual dependería, en parte, la posibilidad de canalizar los recursos, nacionales e internacionales, de objetivos militares a los de desarrollo social.

Las FARC están debilitadas y posiblemente están buscando una resolución negociada que les deje salir de forma creíble del conflicto tras medio siglo. Pero los recursos disponibles del narcotráfico pueden mantener a los 10.000 combatientes entre sus filas durante años, o peor aún, pueden dividirlos en cientos de grupos criminales. Los que dudan de la posibilidad de una desmovilización negociada deben recordar el récord exitoso de Colombia en desarmar a los insurgentes durante los 80 y 90. Encuestas de opinión pública, recientemente publicadas, indicaron que el 74% de la población cree que el Gobierno debe dialogar con los rebeldes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La alternativa es lo opuesto a los beneficios de una agenda de paz: la prolongación de violencia contra civiles; la percepción de que las agendas militares de EE UU y Colombia predominan sobre los derechos humanos y asuntos humanitarios; las amenazas y acusaciones entre Bogotá y sus vecinos que desestabilizan la región; y la continuación de un conflicto costoso, en términos de sufrimiento humano y recursos financieros, considerado de baja intensidad por analistas que no viven en zonas en crisis o que no pertenecen a poblaciones atrapadas entre las partes enfrentadas.

Por primera vez desde hace una década hay elementos y razones para que el presidente colombiano lidere hacia la paz con el apoyo de la Casa Blanca. Es una oportunidad que no hay que dejar pasar.

LAS DOS CARAS DE LOS REBELDES LIBIOS



Las fuerzas en contra Gadafi son una extraña mezcla de combatientes de diversos tipos y tecnócratas desertores. Más que armas, lo que más necesitan es el apoyo moral de Occidente.


ODD ANDERSEN/ GettyImages

Cuando uno le cuenta a la gente que se dedica profesionalmente a investigar sobre Libia, parece que sólo les interesa saber una cosa: "¿quiénes son los rebeldes libios?" Me lo han preguntado en cócteles, en el telesilla de la estación de esquí, en seminarios académicos e incluso me lo han preguntado periodistas occidentales destacados en Bengasi que han adoptado la halagadora costumbre de llamarme a través de Skype a cualquier hora del día y de la noche. A los estadounidenses parece fascinarles esta cuestión, quizá porque han oído proclamar a personalidades importantes como el secretario de Defensa, Robert Gates, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y varios congresistas republicanos, que todavía no saben del todo quiénes son. Yo no acabo de creérmelo. Los políticos de Washington saben muy bien quiénes son los sublevados, pero fingen lo contrario para ocultar el hecho de que Estados Unidos no tiene todavía una política integral respecto a ellos.

Los rebeldes consisten en dos grupos diferentes: los combatientes y la dirección política.

Empecemos por los combatientes. En el prólogo al levantamiento libio, antes de mediados de febrero, casi todos los manifestantes pacíficos eran jóvenes inspirados por lo que estaban viendo en los países vecinos, Túnez y Egipto. A medida que la situación ha evolucionado, los elementos dispuestos a arriesgar su vida para apartar a Muamar el Gadafi del poder se han convertido en la personificación del espíritu y la legitimidad del movimiento rebelde. Estos luchadores son un grupo de hombres de todas las edades y con diversos grados de formación militar, que recorren el desierto costero oriental en camionetas. Seguramente habrán visto imágenes de ellos haciendo la V de la victoria mientras avanzan hacia el oeste y huyendo en columnas desorganizadas cuando tienen que retirarse hacia el este. Lo que quizá no sepan (a no ser que también a ustedes les despierten esas llamadas por Skype desde Ajdabiya) es que, en su gran mayoría, éstos no llegan nunca de verdad al frente y no aportan nada a la fuerza real de combate de los insurgentes. La poca organización que existe está sólo en las unidades, y eso no facilita la formación de una línea de batalla eficaz.

Las unidades con más nivel de organización son antiguos batallones del Ejército libio que estaban estacionados en la parte oriental del país, también denominada Cirenaica. Éstas, entre ellas las que dirige el antiguo ministro del Interior, Abdul Fattah Younis al Abidi, desertaron en masa a mediados de febrero pero conservaron su estructura organizativa. Sin embargo, por extraño que parezca, están bastante ausentes de la lucha. No está claro por qué.

Las siguientes unidades más organizadas son las formadas por los barbudos de tendencias islamistas. Sus miembros suelen ser de determinadas ciudades -sobre todo, Darnah- y responder a un mismo tipo: por ejemplo, hombres con formación universitaria y en paro. Algunos han asistido a seminarios salafistas; un grupo más pequeño se había entrenado en secreto en Libia. Un núcleo todavía menor luchó en Afganistán junto a Osama Bin Laden en los 80 y creó el Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL) al regresar a su país a principios de los 90. Su objetivo fundamental de era derrocar por la fuerza a Gadafi. Después de varios intentos de golpe frustrados a finales del siglo pasado, el Estado libio aplastó y cooptó el GICL durante sus primeros años. En el último lustro, antiguos líderes destacados dentro de sus filas han abjurado de sus antiguos vínculos con Al Qaeda y han desarrollado una teología islámica innovadora y antiextremista. Como explicaba en The Wall Street Journal Charles Levinson, que se ha entrevistado con antiguos dirigentes del Grupo en Darnah, "los líderes islamistas y sus seguidores representan una minoría relativamente pequeña dentro de la causa rebelde. Han obedecido a la dirección laica de la revuelta con pocas fricciones. Su disciplina y su experiencia de combate son muy necesarias visto el variopinto ejército del que disponen los rebeldes".

Aunque es probable que los islamistas duros sigan teniendo poca importancia política en el movimiento rebelde, no sería realista pensar que el islam no va a cumplir un papel destacado en Libia cuando se vaya Gadafi. Gran parte de la zona oriental del país es tradicional y conservadora desde el punto de vista religioso. La adhesión a la orden sufí Senussi sirvió a los cirenaicos de guía social, religiosa y política desde mediados del siglo XIX hasta 1969, cuando el mandatario la prohibió. El hecho de que éste excluyera de la política a todos los representantes de las tendencias musulmanas conservadoras, es precisamente la razón por la que a partir de ahora los grupos musulmanes deberán tener el puesto que les corresponde en la mesa.

El islam, en Libia, siempre ha servido para unir a grupos tribales, sociales y regionales diferentes. Cuando caiga Gadafi, si es que cae, es previsible que su rama más moderada sea un factor retórico fundamental tanto en el discurso popular como en la política. Eso no debe asustar a los observadores occidentales, porque la utilización de éste como elemento estabilizador y de unión será perjudicial para el reclutamiento de yihadistas.

En cualquier caso, ni los islamistas ni los desertores del Ejército constituyen el grueso de los combatientes rebeldes. La forma de organización que prevalece es la de unidades ad hoc: unos cuantos hermanos o amigos que pagan entre todos la gasolina y comparten varios fusiles, una bandera rebelde y una camioneta. De vez en cuando, aldeas enteras o subsecciones de tribus se unen a los sublevados como unidades semicoherentes. Pero ni siquiera entonces parece que los jefes del pueblo o los jeques tribales sean quienes dirigen y organizan la lucha. La dirección militar en el frente, si es que se puede llamar así, es completamente espontánea. A finales de marzo, por ejemplo, los altos jefes militares de Bengasi aconsejaron a los combatientes que no fueran más allá de Ajdabiya después de recuperarla debido a los ataques aéreos de la coalición. Los soldados no obedecieron las órdenes y tuvieron que huir en desbandada cuando Gadafi contraatacó.

Lo cierto es que es casi imposible imaginar que los revolucionarios puedan derrotar a Gadafi sólo a base de poder militar. Carecen de una cadena de mando real y de entrenamiento, por lo que no han aprendido todavía a emplear tácticas guerrilleras o de asedio ni maniobras militares coordinadas. Dotar a los insurgentes de armas y municiones más avanzadas no servirá para que se conviertan en una fuerza de combate más cohesionada. Sería útil entrenarlos, pero haría falta mucho tiempo.

El apoyo de la comunidad internacional debe ser sobre todo político, no militar

Lo mejor que puede pasarles es que el régimen se desmorone desde dentro, una perspectiva muy posible, porque las deserciones de personajes clave, las duras condiciones de vida en Trípoli bajo el asedio internacional y los errores diplomáticos de Gadafi están desmoralizando gradualmente a sus partidarios. Hasta ahora, el poder aéreo de la coalición ha contribuido de manera crucial a mantener a los sublevados con vida el tiempo suficiente como para que las fuerzas del tirano se autodestruyeran. Pero limitarse a evitar las matanzas y la derrota de los insurgentes no es suficiente. Ahora que la zona de exclusión aérea ha cumplido su función, es el momento de que la coalición haga varios cambios. Como dice Oliver Miles, antiguo embajador británico en Libia: "la escasa probabilidad de que los rebeldes puedan derrotar militarmente a Gadafi, incluso con más apoyo aéreo de la coalición y más armas, hace precisamente que la mejor ayuda que pueden dar los países occidentales y árabes a los rebeldes sea a través de la política, la diplomacia y la propaganda, unas herramientas que, manejadas de forma experta, pueden inclinar la balanza en contra de Gadafi".

Para ayudar verdaderamente a los líderes políticos sublevados es necesario comprender quiénes son y cómo comenzó el levantamiento libio. El 15 de febrero, los hombres de Gadafi detuvieron a Fathi Terbil, abogado y activista, por intentar organizar un "Día de la ira" para el 17, con el fin de conmemorar en Bengasi el quinto aniversario de las protestas contra las caricaturas danesas, en las que los servicios de seguridad del dictador habían matado al menos a 11 personas. Su detención provocó unas manifestaciones espontáneas y no violentas que fueron aplastadas por la fuerza. Entonces, a los jóvenes activistas empezaron a unirse abogados, jueces, cargos importantes locales y tecnócratas que quisieron oponerse a la represión con la que el mandatario estaba reaccionando ante las protestas. Muchos de ellos habían sido antes funcionarios o asesores del Gobierno, cada vez más desilusionados por el hecho de que la distensión entre Gadafi y Occidente no repercutiera en un cambio político genuino. El 27 de febrero, los más destacados se reunieron en Bengasi para formar el Consejo Nacional de Transición (CNT). Éste ha adquirido legitimidad a medida que en toda la parte oriental del país se han creado comités de base que han escogido a dirigentes locales que, a su vez, han dado su respaldo al Consejo (lo irónico es que este sistema se parece mucho a la ideología de la democracia directa de Gadafi, con su mandato de crear Congresos populares de base).

Es decir, lo que comenzó como una revuelta juvenil está ahora en manos de tecnócratas reformistas del régimen y diplomáticos desertores, que son los únicos grupos capaces de representar a los insurgentes ante el mundo exterior. La dirección del CNT tiene amplia experiencia de relación con los Estados occidentales y la comunidad económica internacional. Los demás miembros del Consejo fueron escogidos para representar a las distintas facciones de la oposición. Entre ellos hay parientes del antiguo rey de Libia, viejos amigos de Gadafi que están molestos por la lentitud de la reforma, musulmanes conservadores que se oponen a Al Qaeda, empresarios prooccidentales, tecnócratas con doctorados obtenidos en EE UU y representantes de las mujeres y los jóvenes.

Un posible fallo de la estructura política actual de los sublevados es el peso excesivo de los grupos cirenaicos, árabes y de élite. Si los insurgentes consiguen derrocar a Gadafi, sufrirán enormes presiones para incorporar a toda velocidad a nuevos actores del oeste del país, la diáspora libia y los grupos étnicos bereber, tuareg y tabu. Al mismo tiempo, tendrán que prestar atención a los problemas sociales y económicos que afectan a los jóvenes y los desempleados, y no sólo a los que interesan a los tecnócratas reformistas. Y es crucial tener en cuenta que, después de una hipotética victoria rebelde, los combatientes, predominantemente cirenaicos, proclamarán su papel como salvadores de Libia. Sería muy inoportuno que las potencias extranjeras tratasen de microgestionar o adelantarse a la delicada evolución de la estructura representativa en la nueva Libia.

A pesar de las informaciones de que la dirección del CNT puede estar envuelta en una serie de choques entre personalidades, yo conservo una esperanza razonable de que el Consejo logre incorporar a la mayoría de los elementos de la sociedad libia y las luchas internas y los sectarismos políticos se mantengan en niveles normales. Libia es una creación colonial artificial. Pero, a diferencia de otras entidades coloniales, no tiene las fisuras sociales ni los resentimientos históricos que han desembocado en violencia étnica y sectaria en países como Líbano, Irak y Afganistán. La idea de que, cuando se vaya Gadafi, puede estallar una guerra civil, es demasiado pesimista. Aunque resulte paradójico, como éste reprimió a tantos grupos sociales del país, excepto las tribus Gadhadhfa y Magarha, es previsible que todos los antiguos miembros de oposición logren un consenso para la construcción de la Libia post Gadafi.

Da la impresión de que los rebeldes están esforzándose en preparar el terreno para esta nueva Libia. Insisten en que poseen células secretas organizadas en el oeste del país, una afirmación creíble dada la clara impopularidad de Gadafi en ciudades como Misrata, Zintan y Zawiyah. Y, aunque los miembros de las tribus Magarha y Gadhadhfa seguramente se mantendrán leales a él y lucharán hasta el fin, otros pilares del régimen más urbanos y tecnocráticos se vendrán abajo si las potencias árabes y occidentales dan al CNT un apoyo más eficaz.

Ahora bien, ese apoyo debe ser sobre todo político, no militar. Los aliados árabes y occidentales están empezando a comprenderlo, pero se necesitan con urgencia medidas más complejas y de más nivel. Hay que aprovechar el valor propagandístico de desertores destacados como Moussa Koussa y pedirles que hablen en contra de Gadafi en la televisión árabe por satélite. Además, la coalición puede ayudar a los líderes rebeldes a propagar su causa a sus posibles camaradas en la parte oeste, controlada por el mandatario. Qatar ya ha creado un canal por satélite para los sublevados; debe haber más países que les ofrezcan apariciones en antena, dinero y más respaldo diplomático. El presidente francés, Nicolas Sarkozy -que ha reconocido al CNT como gobierno legítimo de Libia y parece el más comprometido de los dirigentes occidentales- podría invitar de nuevo a Mahmud Jibril, el ministro de Exteriores de los rebeldes en la práctica, y en esta ocasión recibirle en el palacio del Elíseo, lo cual le otorgaría prestigio internacional y una plataforma desde la que pedir más ayuda concreta.

Lo que derrotará definitivamente a Gadafi no es la potencia de fuego, sino la fuerza moral. Los combatientes constituyen el alma de la revuelta libia, pero nunca serán capaces de dirigirla. Un apoyo diplomático inteligente y un poco de buena suerte podrían muy bien crear un punto de inflexión en las próximas semanas o los próximos meses. Hasta entonces, la comunidad internacional no debe distraerse con otras crisis que puedan surgir en el mundo árabe ni por el hecho de que la situación sobre el terreno parezca estancada. El futuro de Libia depende de ello.

GUERREROS TRIBALES



¿Por qué les cuesta tanto a los dictadores decir adiós?


Según todo criterio lógico, lo normal sería que los combates y las luchas de poder en Costa de Marfil, Libia y Yemen hubieran terminado hace semanas. Quizá terminen pronto: el 11 de abril llegó a su fin el conflicto en Costa de Marfil. Pero el hecho de que se hayan prolongado ya tanto es síntoma de una realidad esencial a propósito de los individuos involucrados que en Occidente no se comprende del todo. Nosotros nos preguntamos: ¿Por qué el dictador marfileño Laurent Gbagbo, el líder libio Muamar el Gadafi y el presidente yemení Alí Abdalá Saleh no aceptan las ofertas, que al parecer se les han hecho, de irse a un exilio confortable? Seguro que sería más conveniente para su seguridad física y sus cuentas bancarias. Después de semanas de luchas, negociaciones y manifestaciones, ¿qué más quieren demostrar?

Este tipo de razonamiento supone que lo que separa a estos déspotas de sus adversarios son temas tan inocuos y susceptibles de compromiso como, por ejemplo, las pensiones y los tipos fiscales. Pero esos hombres no son políticos acostumbrados al toma y daca; luchan por unas cosas mucho más antiguas, básicas e imposibles de negociar: el territorio y el honor, al menos tal como ellos lo definen. Su mundo no está hecho de instituciones y burocracias que les sirvan para gobernar; es un mundo que consiste en dominar franjas de territorio mediante la ayuda de familiares y las alianzas tribales y regionales.

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En ese mundo, personajes como los depuestos líderes de Túnez y Egipto, Zine el Abidine Ben Alí y Hosni Mubarak, carecen de cualidades. Gobernaron al estilo occidental, a través de instituciones y burocracias, y cuando dichas instituciones -el ejército y los servicios de seguridad interior- se negaron a disparar contra la gente en la calle, ellos no tuvieron más remedio que dimitir dócilmente y marcharse al exilio interior o exterior, quizá sin haber hecho los pactos necesarios para su protección posterior.

Por supuesto, desde el punto de vista moral, una figura como Gbagbo es especialmente despreciable. Para satisfacer su ego, ha llevado Costa de Marfil al borde de la anarquía. O sea que no estoy disculpándolo, sólo trato de explicar en parte sus motivos. Él piensa que se presentó a unas elecciones y obtuvo casi la mitad de los votos. Y éstos no se debieron a sus posturas sobre los problemas sociales o económicos, sino a lo que representaba en el ámbito tribal y regional: es un hombre del sur, de la parte no musulmana del país. Rendirse demasiado pronto habría sido traicionar a sus grupos de solidaridad regional y religiosa. En países sin suficiente desarrollo económico, como Costa de Marfil, las elecciones acaban, muchas veces, cosificando diferencias de sangre y de creencias. Desde su punto de vista, el hecho de haber luchado hasta el final, hasta verse arrinconado en el sótano de su palacio e incluso más, hasta que sus enemigos tuvieron que llamar a los franceses para que les ayudaran a desalojarlo, no es signo de debilidad moral, sino de ética viril. (Lo mismo podría decirse de los hijos de Sadam Husein, Uday y Qusay, que murieron en un tiroteo con tropas estadounidenses cerca de Mosul en 2003; salvo que ellos eran niños mimados, los hijos mafiosos de un dictador de corte estalinista, y no hombres que se hubieran hecho a sí mismos, ni mucho menos. Es decir, pertenecen a una categoría inferior a la de Gbagbo, Saleh y Gadafi).

Hay que recordar que, más que de políticos, estamos hablando de guerreros. Por ejemplo, Saleh. Los medios de comunicación occidentales describen al Presidente yemení como un tirano recalcitrante cuya tozudez y cuyo apego al poder están, como en el caso de Gbagbo en Costa de Marfil, amenazando con desintegrar su país. Esa descripción es cierta, pero se queda corta. Saleh ha gobernado Yemen durante un tercio de siglo, mientras que sus dos antecesores inmediatos fueron asesinados después de ocho meses, uno, y tres años, el otro. Y el dictador yemení anterior a ellos cayó en un golpe militar. No se puede negar que Saleh tiene nervios de acero y talento sutil, que, durante decenios, ha sido capaz de resistir unos grados de tensión que inmovilizarían psicológicamente al más curtido político de Washington. La partida que está jugando ahora -negociando las condiciones para su salida- no le afecta sólo a él, sino al destino de sus familiares, próximos y lejanos. De modo que, en cierto sentido, ¿quién puede reprocharle que aguante un poco más, que intente obtener mejores condiciones? Para Saleh, el gobierno no es un objeto impersonal y legalista, sino el negocio familiar. Hay que disolverlo en las mejores condiciones posibles, y la violencia es una herramienta en esa lucha. Dentro de unos años, tal vez incluso recordemos su mandato como un periodo en el que hubo relativa estabilidad y cooperación con Occidente. El hecho de que merezca nuestra condena no significa, desde una perspectiva analítica, que tengamos que subestimarlo.

El gobierno no es un objeto impersonal y legalista, sino el negocio familiar

Y luego, por supuesto, está Gadafi, que se hizo con el poder en un golpe militar cuando no tenía más que veintitantos años y durante los 42 siguientes ha mantenido unido Libia; un país que, durante casi toda su historia, ha sido una expresión geográfica sin ningún sentimiento de Estado. Como gobernaba con una mezcla de política tribal y el puño de hierro de los servicios de seguridad interior, Gadafi no construyó ningún espíritu de Estado y, por consiguiente, va a dejar un vacío absoluto cuando se vaya. El hecho de que no se haya ido en silencio es señal de que él tampoco lucha por cuestiones concretas, sino por una visión del honor que nos resulta primitiva, porque lo vincula a la región, la tribu y el territorio.

Pero, ya que hablamos de tribus y territorios, es importante comprender que el tipo especial de tribalismo que constituye un factor esencial en los gobiernos de Gadafi, Saleh y Gbagbo no tiene nada del tribalismo primitivo, anterior al Estado moderno, sino que, como lo definió el difunto antropólogo europeo Ernest Gellner, es el rechazo consciente a un gobierno concreto en favor de una cultura y una moral más amplias. En otras palabras, si algunas tribus están en contra de un Estado yemení fuerte, quizá no lo hacen por el deseo de anarquía, sino porque quieren tender la mano a la cultura islámica en su conjunto y a un Estado no represivo. Lo mismo sucede con los tradicionales llamamientos de Gadafi a la unidad política árabe y los intentos de Gbagbo de eliminar las fronteras del colonialismo francés, que le hacían dirigirse sólo a parte de la población del país.

Está claro que la vida bajo el gobierno de estos hombres era un infierno, pero su locura tenía cierto sentido, aunque yo lo haya simplificado mucho. Nadie es capaz de plasmar el atractivo de la vida fuera del Estado con tanto talento como el antropólogo de la Universidad de Yale James C. Scott en su libro The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. Las tribus actuales, sugiere Scott, no viven fuera de la historia, sino que tienen "toda la historia que necesitan" para "eludir el Estado" de forma deliberada. Es decir, las tribus poseen todas sus tradiciones y, por tanto, no quieren que el gobierno se inmiscuya en sus asuntos.

Gadafi, Saleh y Gbagbo han vivido con esta compleja y ambigua realidad toda su vida, y por eso no han construido Estados, pero otro motivo, además de las razones morales, es que no han encontrado ninguna simpatía en Occidente. Ahora bien, ése no es argumento para no tratar de entenderlos.

EL PECADO ORIGINAL



Las semillas de la crisis del euro son tan viejas como la propia moneda común.


La crisis europea de la deuda -cuya representación más reciente se inició el miércoles, 6 de abril, cuando Portugal indicó que iba a solicitar el rescate de la UE- ha dejado al descubierto todas las mentiras, todas las chapuzas y todas las trampas políticas, legales y económicas involucradas en la construcción de la divisa común del continente. Un motivo por el que los europeos no han conseguido aún enderezar el euro es que todavía no han asumido el grado de mala fe que intervino en su creación.

Para vender el euro a una población muy variada en los 90, sus partidarios hicieron promesas bastante contradictorias. A los alemanes les prometieron que la unión monetaria no derivaría en transferencias fiscales y crearía una moneda tan estable, al menos, como el marco. Los franceses consideraron que el euro era un vehículo para mejorar la competitividad interior y el alcance mundial. Para los italianos y españoles, ofreció la oportunidad de tener estabilidad monetaria y unos tipos de interés permanentemente bajos. Y en países con sistemas bancarios poco regulados, como España e Irlanda, representó la perspectiva de una riqueza rápida.

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Las distintas promesas culminaron en un régimen de mínimo denominador común. La disciplina monetaria iba a estar en manos de un banco central independiente encargado de garantizar la estabilidad de precios. Se suponía que el pacto de estabilidad y crecimiento cubriría la disciplina fiscal, con la famosa regla del 3%: el techo de déficit anual permitido en relación con el Producto Interior Bruto. Y nada más.

Con esta actitud ilusa, la eurozona siempre fue vulnerable a una crisis financiera. Pero, empeñada en negar la evidencia, Europa nunca quiso desarrollar un mecanismo de resolución de conflictos. Por el contrario, fomentó una serie de principios contradictorios: no admitía salidas (nada de dejar la eurozona y restablecer las monedas nacionales), impagos (hay que satisfacer todas las deudas soberanas) ni rescates (nada de transferencias fiscales entre Estados miembros). Mientras que el compromiso de no pedir rescates estaba consagrado de forma específica en las leyes europeas y el principio de que no hubiera impagos contaba con el acuerdo tácito de los líderes, el de que fuera imposible la salida no solía mencionarse, y nunca de manera explícita. Los tratados de la UE, sencillamente, no incluyen ningún procedimiento para llevarla a cabo. El único procedimiento formal de salida es la opción nuclear: la salida completa de la Unión Europea. Si la falta de un gobierno real hacía pensar que era probable que hubiera algún tipo de crisis, la falta de cualquier plan de gestión sensato dejaba prever que una crisis así seguramente acabaría descontrolándose.

La crisis actual se desencadenó cuando los desequilibrios macroeconómicos del continente chocaron con un sistema bancario mal regulado y mal capitalizado. Los alemanes tienden a tener un ahorro excesivo -su país tuvo un superávit de cuenta del 8% en 2008- y los bancos europeos les permitieron invertir enormes cantidades y con demasiada facilidad en España e Irlanda. Con la entrada de dinero en ambos países, sus respectivas burbujas inmobiliarias se hincharon y los precios aumentaron a más del triple en unos cuantos años.

En origen, era sobre todo un problema del sector privado, no el público: aunque Europa tenga hoy una crisis de la deuda soberana, no se trató de eso al principio. España e Irlanda tuvieron superávits fiscales durante la mayor parte de la pasada década, y se consideraba que los dos tenían una buena política fiscal. Portugal tenía déficits, pero su ratio deuda-PIB era muy poco superior a la de Francia y Alemania. Grecia fue el único país de la periferia de la eurozona que sufrió una crisis fiscal clásica: en 2009, tuvo un déficit del 15% del PIB.

Al final, lo que puso en peligro la solvencia de determinados Estados fueron las decisiones políticas de los dirigentes europeos. El mayor error cometido en el proceso de resolución de la crisis de la UE fue la decisión tomada por los líderes de la eurozona en octubre de 2008, tras la bancarrota de Lehman Brothers, de adoptar una estrategia de chacun-pour-soi (sálvese quien pueda) para sanear la banca: cada país debía ser garante de sus propios bancos. Con esa decisión, las crisis bancarias en la periferia de la eurozona se convirtieron en una serie de crisis fiscales nacionales que se contagiaron. Si las autoridades hubieran creado un fondo de rescate de la eurozona para los bancos en apuros, acompañado de un régimen de resolución bancaria, la crisis hubiera permanecido contenida en el sector privado. Si la UE hubiera arreglado los bancos entonces, habría podido escoger entre diversas opciones para afrontar la verdadera crisis fiscal que era la que había en Grecia.
Además, los líderes de la eurozona agravaron su error al centrarse en los síntomas en vez de la causa de sus problemas.

Los dirigentes europeos llegaron a la conclusión de que la principal amenaza contra la estabilidad del euro era el exceso de deuda nacional, y no los bancos insolventes que constituían las raíces de esa deuda. Su receta fue austeridad, aunque eso no hiciera nada para solucionar el auténtico problema latente. La condición para obtener ayuda europea no fue arreglar los bancos, sino hacer recortes presupuestarios, y en eso consistió la filosofía esencial de los tres mecanismos anticrisis elaborados hasta el momento: el programa de préstamos a Grecia de mayo de 2010; el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que ofrece ayuda de emergencia a países en situación de dificultades financieras agudas; y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), un mecanismo permanente, diseñado pensando en crisis futuras.

Sin embargo, mientras tanto, el problema seguía sin resolverse. Mientras que el Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos consiguió disipar la crisis bancaria del país porque obligó a los bancos a aceptar dinero del gobierno, en Europa no hubo una reacción equivalente. El sistema bancario europeo sigue siendo frágil. Es difícil dar cifras exactas sobre el grado de descapitalización: los cálculos de los bancos de inversiones, las agencias de calificación y los organismos oficiales varían, pero es evidente que los problemas no están mejorando. La recapitalización necesaria para los bancos irlandeses se aproxima ya a los 70.000 millones de euros. En España, se calcula que las necesidades de recapitalización de las Cajas -el sector más expuesto a los problemas inmobiliarios- están entre 20.000 y 200.000 millones de euros. Las necesidades totales de recapitalización del sector bancario alemán están seguramente muy por encima de 100.000 millones de euros. El sistema bancario alemán es mucho más vulnerable de lo que se piensa. Ya ha habido que nacionalizar un banco germano especializado en el sector inmobiliario, HRE. También llegará un momento en el que habrá que recapitalizar las entidades bancarias griegas, y es muy probable que suceda lo mismo en Portugal. Las necesidades totales de recapitalización de la eurozona podrían muy bien alcanzar los 500.000 millones de euros.

Una política del estilo del programa TARP ayudaría mucho a atajar los problemas de Europa. Yo incluso iría más allá: quizá acabaría por completo con la crisis. Por desgracia, existen importantes obstáculos políticos. Algunas élites europeas no alcanzan a comprender la naturaleza del problema: la solución europea tradicional a las crisis bancarias es esperar sentados, no hacer nada y aguardar la siguiente recuperación económica. Es lo que hizo Alemania para superar los costes de la unificación. Y, si se tienen opiniones optimistas y poco realistas sobre el valor de las propiedades inmobiliarias, las quiebras soberanas y el crecimiento económico -como han demostrado tener algunos economistas europeos-, incluso es posible defender que el sector bancario no sufre ningún problema. Sin embargo, por desgracia, estamos en una situación en la que ese optimismo es infundado.

Es necesario que la crisis bancaria se resuelva mediante la cooperación de todos los Estados usuarios del euro

Los estrechos lazos entre los bancos y sus respectivos gobiernos también hacen que sea difícil ver las cosas claras. En Alemania, los seis bancos regionales (Landesbanken) que más necesitan la recapitalización están muy vinculados a sus gobiernos locales. En España, las Cajas están controladas por poderosos intereses de los dos grandes partidos. En Irlanda, los comentaristas han destacado a menudo las estrechas relaciones entre Fianna Fail, el partido del gobierno anterior, y el sector bancario. Es más, la presencia de un sector bancario muy politizado fue la principal razón por la que los líderes de la eurozona, en octubre de 2008, decidieron proporcionar una amplia red de protección a los sistemas bancarios, uno por uno; ningún país quería exponer sus bancos al bochorno y las desventajas competitivas de una valoración objetiva. El antiguo ministro de Finanzas alemán, Peer Steinbrück, lo reconoció explícitamente en su momento, al decir que su país estaba en contra de transferir poderes reguladores a la UE porque arrebataría a Alemania el control político de sus bancos.

Pese a ello, algunos Estados miembros, como Irlanda, han demostrado que son demasiado débiles para arreglar su sistema bancario, mientras que otros, como Alemania, simplemente no quieren hacerlo. El Gobierno de Berlín llegó a permitir que su fondo nacional de recapitalización bancaria, SoFFin, expirase en 2010 sin que hubiera nada con que sustituirlo, a pesar de que la UE estaba planeando una nueva ronda de pruebas de resistencia en la primavera de 2011. La decisión fue una clara señal de que el Ejecutivo alemán no tenía intención de acceder a la recapitalización de los bancos; las pruebas de resistencia se realizan en el ámbito de la Unión, pero los alemanes confiaban en poder descafeinarlas antes de empezar. Un alto funcionario alemán incluso me confesó que era imposible que su Gobierno pidiera al Parlamento que rescatara la periferia de la eurozona y su propio sector bancario al mismo tiempo.

Mientras no se solucione la situación bancaria -con medidas que separen la deuda nacional de los problemas del sector financiero-, la crisis europea continuará hasta que sea inevitable una cascada de insolvencias nacionales. Es cierto que limpiar el sector bancario será caro e impopular, pero no tiene por qué ser globalmente perjudicial para la eurozona. Incluso el cálculo por lo alto que hago para la recapitalización bancaria, 500.000 millones de euros, sigue siendo menos del 10% del PIB total de la eurozona. Una proporción que, en conjunto, debería ser manejable, porque la eurozona posee una ratio deuda-PIB inferior a las del Reino Unido y Estados Unidos. En cambio, es posible que cada país por su cuenta no pudiera manejar su parte de los costes de recapitalización. Por eso es necesario que la crisis bancaria se resuelva mediante la cooperación de todos los Estados usuarios del euro.

Por ahora, Europa está enfangada en un problema clásico de los colectivos: la defensa de los intereses nacionales impide una solución conjunta. Pero los Estados miembros no son aún conscientes del paso político tan trascendental que dieron en los 90 con la adopción del euro. Y esto nos remite al pecado original de la eurozona: las mentiras, las chapuzas y las trampas en el momento de su creación. Mientras no se reconozcan por completo, seguirán acosando al continente. No es probable que el euro se disuelva, pero cada vez parece más posible un resultado mucho peor: una unión monetaria perpetuamente disfuncional y dividida.

ASIA CENTRAL, EL PRÓXIMO DOMINÓ

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El riesgo de colapso en los países centroasiáticos aumenta en la medida que su infraestructura desaparecen por falta de inversión económica y voluntad política.


De modo lento pero seguro, la infraestructura material y humana de Asia Central está desapareciendo: las rutas, plantas eléctricas, hospitales y escuelas, así como la última generación de especialistas, quienes se ocupan de su funcionamiento y fueron entrenados por los soviéticos. Los regímenes de la postindependencia hicieron poco esfuerzo para mantener o reemplazar tanto la tecnología que está desgastándose, como al personal que está jubilándose o falleciendo. Los fondos destinados a este fin han sido carcomidos por la corrupción y este colapso ya ha generado protestas. Incluso ha derrocado a un gobierno.

Todos los países de la región se encuentran afectados por esta situación de una manera u otra. Sin embargo, los dos más pobres, Kirguizistán y Tayikistán, están desesperados. Sus propios especialistas dicen que en los próximos años no habrá maestros para sus niños ni doctores para tratar a los enfermos. Los cortes de electricidad en Tayikistán en invierno ya son una tradición. Llegan a durar hasta más de doce horas en las zonas rurales. También en Kirguizistán las fallas en el sistema eléctrico son cada vez más comunes. Expertos en ambos países están preocupados por el muy probable y catastrófico colapso general, especialmente en el sector de energía. A menos que se lleve a cabo un cambio en las políticas, se enfrentarán con un futuro de rutas desgastadas, escuelas e instituciones médicas dirigidas por jubilados, o una nueva generación de maestros, doctores o ingenieros, cuyos títulos serán comprados en vez de obtenidos por mérito propio. Estos problemas son exacerbados por otras vulnerabilidades políticas, como la expansión de la insurgencia, el envejecimiento de un autócrata en Tayikistán y un Estado kirguís peligrosamente debilitado.

Uzbekistán y Turkmenistán van en la misma dirección. Es difícil decir cuán grave está la situación, ya que no existe información confiable o es secreta. Lo que sí salta a la vista es que las extravagantes y optimistas declaraciones públicas no se reflejan para nada en la realidad. Los hospitales modelo con fachada de mármol de Turkmenistán y las falsas declaraciones de prosperidad de Uzbekistán no son la solución para los problemas de estos países. Incluso Kazajistán, el único país que funciona en la región, pasará por una dura prueba dada las deficiencias en su infraestructura. Tiene grandes problemas en especial en el área de transporte y en el de entrenamiento de su plantilla técnica. Cualquier sueño de diversificación económica y de modernización deberá esperar.

AFP/Gettyimages

El dilema actual que viven estos cinco países tiene varias causas. Cuando formaban parte de la URSS, estaban incorporados en un mismo sistema, sobre todo en las áreas de transporte y de energía. Estas interdependencias han sido difíciles de deshacer, y han producido serios desbalances. Durante la era soviética, todos estaban obligados a trabajar juntos. Ahora en cambio no necesitan tener ni tienen buenas relaciones entre ellos, en especial cuando se trata de temas energéticos. La educación y los servicios de salud se vieron afectados con el término de la red de seguridad social. Pero mucho peor es que los gobiernos de la región parecen haber creído que su herencia soviética duraría para siempre. Los fondos que debían ser destinados a reformas, para la educación, entrenamiento y mantenimiento, fueron por lo general mal utilizados e insuficientes.

Las consecuencias de esta negligencia son demasiado terribles como para ser ignoradas. El rápido deterioro de la infraestructura profundizará la pobreza y la alienación del Estado. La desaparición de los servicios básicos proveerá a los islamistas radicales, ya fuertes en muchos Estados centroasiáticos, de más argumentos contra los líderes regionales. Les dará espacio para establecer redes de apoyo y de influencia. El desarrollo económico y la reducción de la pobreza se tornarán una ilusión, mientras que los países más pobres se volverán aún más dependientes de la exportación de mano de obra. De hecho, la ira por la fuerte disminución de los servicios básicos jugó un papel fundamental en los disturbios que llevaron al derrocamiento del presidente kirguís, Kurmanbek Bakíev, en abril de 2010. Este rencor puede expresarse de manera similar en otros Estados de la región en un futuro no muy lejano, especialmente en Tayikistán.

Además, los eventos dentro de uno de los cinco países pueden tener un efecto nocivo para con sus lindantes. De hecho, un brote de polio en Tayikistán en 2010 requirió una campaña de inmunización en los vecinos Kirguizistán y Uzbekistán, y se reportó infecciones en lugares tan lejanos como Rusia. Igualmente, Asia Central puede ser afectada de manera negativa por sus vecinos de la región: un mayor declive en la infraestructura tiene posibilidades de coincidir con más inestabilidad en Afganistán, y un posible desbordamiento de la insurgencia desde allí.

Las necesidades son claras, y existen soluciones al debilitamiento de la infraestructura. El problema fundamental es que las élites gobernantes de Asia Central no están dispuestas a dar los pasos necesarios para cumplir con los prerrequisitos fundamentales. Esto equivale a nada menos que el repudio total de los valores y del comportamiento de los líderes regionales. Necesitarían purgar la corrupción de sus gobiernos, dejar de usar los recursos de sus países para sí mismos y sus familias y crear una meritocracia con sueldos decentes que liberaría a los oficiales de la necesidad de depender de la corrupción. Estos cambios se encuentran tan lejos de la realidad actual que los gobiernos extranjeros y los donantes seguramente los tacharán de idealistas. Pero sin un cambio organizado desde arriba, existe el grave riesgo de un cambio caótico desde abajo.

Los donantes no están haciendo nada para prevenir esta situación. Su acercamiento cauteloso parece mayormente inspirado por el deseo de no enojar a los líderes regionales que por utilizar los medios financieros que tienen a disposición para generar un cambio verdadero. La ayuda económica es utilizada generalmente para cumplir con planes anuales o para avanzar con objetivos geopolíticos más amplios. Sin la participación de los donantes, el status quo se mantendrá por algunos años más, pero no más que eso. El colapso de la infraestructura podría debilitar a los regímenes, creando una enorme incertidumbre en una de las partes más frágiles del mundo.