sábado, 10 de octubre de 2015

Después del acuerdo nuclear con Irán

Por supuesto, las negociaciones han atraído gran cantidad de críticas, entre ellas, las del congreso estadounidense y el parlamento iraní, así como en Arabia Saudí, Israel, e incluso Francia. Pero los beneficios potenciales del acuerdo son innegables.
En primer lugar, el acuerdo demuestra que los líderes mundiales –a pesar de encontrarse divididos respecto de una multitud de cuestiones, como el conflicto en Ucrania y las disputas territoriales en el mar de China Meridional– igualmente son capaces de unirse para solucionar un problema compartido. Reducirá además la probabilidad de proliferación de armas nucleares en Oriente Medio y fortalecerá el régimen de no proliferación a nivel mundial. Y permitirá la normalización de las relaciones iraníes con Occidente.
Por supuesto, los vecinos de Irán están legítimamente preocupados por el impacto que el acuerdo tendrá sobre el equilibrio de poder en la región. Cuando se eliminen las sanciones, Irán se fortalecerá y desafiará la influencia de los Estados del Golfo. Previendo esto, esos estados ya han solicitado a EE. UU. medidas que les lleven tranquilidad, mientras persiguen una política más dura en Yemen o Siria, donde consideran que están limitando las ambiciones hegemónicas iraníes.
En última instancia, sin embargo, el impacto del acuerdo nuclear dependerá de las dinámicas políticas en Irán. Muchos –de hecho, probablemente la mayoría– en la clase dirigente iraní apoyan la resolución de la confrontación nuclear y coinciden en que Irán no necesita un enfrentamiento perpetuo con el resto del mundo, pero hay quienes aún perciben la disputa como un componente clave de la identidad revolucionaria del país.
Esta dinámica posacuerdo podría entonces terminar de dos maneras. En el primer escenario, los acontecimientos se desarrollan según las expectativas del P5+1 y los negociadores iraníes, y el acuerdo amplifica las voces de quienes promueven un acomodamiento regional e internacional desde Irán.
En este caso, Irán tiende la mano a Arabia Saudí con una señal convincente de que no pretende reforzar su influencia perjudicando a los saudíes ni a sus aliados. Esto permite que Arabia Saudí se una a Irán para influir sobre Siria y lograr un acuerdo de cese del fuego entre las fuerzas del régimen y los rebeldes, allanando el camino para la formación de un gobierno de transición creíble y capaz de hacer retroceder al Estado Islámico. Del mismo modo, Arabia Saudí e Irán ponen fin a la lucha en Yemen, respaldando allí un acuerdo para compartir el poder.
Mientras tanto, el alivio de las sanciones y el regreso gradual de las empresas internacionales dan impulso a la recuperación de la debilitada economía iraní. Una mayor apertura hacia Europa y, con mayor cautela, hacia EE. UU., alienta a los miembros de la clase media iraní inclinados a la reforma a buscar su futuro dentro del país en vez de emigrar.
Finalmente, en este escenario, el sólido prestigio internacional del presidente Hasán Rouhaní lo ayuda a superar la resistencia conservadora para implementar las tan necesarias reformas locales. Sobre esta base, la coalición de reformistas y pragmáticos de Rouhaní logra fácilmente la mayoría en las próximas elecciones parlamentarias iraníes en 2016, y el propio Rouhaní es reelecto en 2017.
El segundo escenario es mucho menos benigno. En este caso, pronto queda en claro que el apoyo interno para el acuerdo nuclear era amplio, pero débil. Mientras que el bando reformista de Rouhaní desea mejorar las relaciones exteriores iraníes, las fuerzas conservadoras y nacionalistas que rodean al líder supremo ayatolá Alí Jameneí, ven al acuerdo como una herramienta necesaria para eliminar las sanciones económicas y fortalecer las capacidades militares convencionales de Irán.
Los eclesiásticos de línea dura socavan entonces cualquier tipo de confianza que Rouhaní pueda estar construyendo con los vecinos de Irán, declarando reiteradamente que el acuerdo representa un reconocimiento implícito del poderío iraní por las principales potencias del mundo. Esta postura confirma las opiniones de los escépticos y estimula a Arabia Saudí a continuar con sus esfuerzos para construir una «coalición suní» para contener la influencia iraní y mantener la lucha contra quienes percibe como representantes iraníes en países como Siria y Yemen.
Además, como las tensiones regionales se encuentran en un punto elevado, el impacto económico de la eliminación de las sanciones resulta insignificante, mientras los conservadores ganan terreno en su lucha contra la reforma. Rouhaní y sus aliados son incapaces de ofrecer a los ciudadanos comunes iraníes una esperanza económica y eso los lleva a perder tanto las elecciones legislativas como las presidenciales.
Paradójicamente, en el escenario pesimista, el nuevo gobierno iraní controlado por conservadores y partidarios de la línea dura, en realidad encaja en la región mejor que el actual. Después de todo, Arabia Saudí, Egipto y muchos otros países árabes también son liderados por autoritarios de línea dura con poco interés en reducir los conflictos regionales. Esto haría que el resurgimiento del liderazgo orientado a la reforma en Irán fuese extremadamente difícil.
Por supuesto, el escenario más probable es una combinación de ambas dinámicas. Pero, dado que es en beneficio de todos garantizar que los avances se ciñan más estrechamente a una vía orientada a la reforma, debiera resultar claro para todos que el trabajo diplomático vinculado a Irán está lejos de haber concluido.



Después del acuerdo nuclear con Irán


El fin de la prosperidad económica y la crisis política que atraviesa Brasil no auguran buenas perspectivas para el país. Un repaso para entender qué está pasando y qué podría pasar en elgigante suramericano.
brasil_inside
Fuerte tormenta en las calles de Sao Paulo, Brasil. Mauricio Lima /AFP/Getty Images
El escenario político y económico del Brasil de hoy es delicado. Lejos han quedado los recuerdos de aquella potencia emergente que entusiasmó al mundo durante la primera década del siglo XXI. La expansión del PBI, la reducción de la pobreza y el creciente protagonismo económico de este miembro fundador del grupo BRICS parecen haberse extinguido.
El fin del super ciclo de las materias primas y la desaceleración china configuraron el golpe de gracia que terminó de hundir la prosperidad de un país cuya economía ya encendía múltiples luces de alerta. El gobierno de Dilma Rousseff postergó todas las decisiones impopulares para después de las elecciones presidenciales de finales de 2014. Como era de esperar, su objetivo de ser reelegida primó  sobre la responsabilidad macroeconómica. Tras asumir el cargo en enero de este año, su gestión no ha sido más que una seguidilla de ajustes fiscales y monetarios. Aumento y creación de impuestos, incremento de tarifas de servicios públicos, recortes de gastos, eliminación de múltiples subsidios y, posiblemente, lo que más lastima a la actividad económica: aumento de la tasa de interés. El ambicioso programa busca contener la inflación y recuperar equilibrio fiscal. Se trata de dos variables que se muestran efectivamente muy deterioradas. La inflación para 2015 se proyecta al 9,5%, el mayor índice desde 2002. En lo que respecta a las cuentas públicas, los números son incluso más desalentadores. El déficit en el período enero-agosto asciende a 14.000 millones de reales (3.500 millones de dólares), lo que representa el peor resultado desde 1997.
Pero lo que realmente preocupa a todos los sectores económicos es el desplome de la actividad. Según las últimas estadísticas, 2015 cerraría con una caída del PBI del 2,8%, número catastrófico para una nación en vías de desarrollo. 2016, año de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro (los primeros en la historia en celebrarse en América del Sur) tampoco traerá buenas noticias. Las perspectivas son de una contracción de la economía del 1%, confirmándose así el primer bienio de recesión sufrido por el país desde la gran depresión mundial de la década de 1930. Estamos frente al peor resultado económico de los últimos 85 años.
El denominado “mercado financiero”, omnipresente, toma nota de la debacle financiera. La consultora estadounidense Standard and Poor’s ha rebajado la calificación a la deuda soberana brasileña, pasando de “BBB-” a “BB+”. Brasil queda así excluido del selecto grupo de países que gozan del “Investment Grade” (Grado de inversión). En otras palabras, los bonos brasileños son ahora, a los ojos de diversos inversores internacionales, bonos basura. Las consecuencias de este descenso de categoría son básicamente dos. En primer lugar, el país verá encarecido su acceso a los mercados de capitales, lo cual se contagia automáticamente al costo de endeudamiento de toda la economía (incluidas las empresas privadas y las familias). Y, en segundo término, en una fuga de capitales, que deprecia la moneda local y genera mayores presiones inflacionarias. Más y más malas noticias.
El peso del naufragio del mayor país de la región impulsa a toda la economía latinoamericana que según la CEPAL mostrará una caída del PBI en 2015 del 0,3%, peor resultado en 9 años. Por supuesto que la repercusión de la crisis brasileña se siente mucho más fuerte dentro del Mercosur que fuera de el. Las economías de la Alianza del Pacífico, aun desaceleradas, muestran todavía tímidos crecimientos, mientras que la Argentina, muy dependiente de la suerte de su principal socio, sufre el impacto.

Política: corrupción, alianzas e ‘impeachment’
La corrupción, mal endémico del sistema político brasileño, termina de configurar la tormenta perfecta. El avance en las investigaciones del escándalo conocido como “Operação Lava-Jato” compromete a altos mandos del Partido de los Trabajadores (PT) y a funcionarios cercanos a la presidente Dilma Rousseff. “Lava-Jato”, que en español significa algo así como “lavadero de automóviles”, es un complejo y aceitado sistema de corrupción catalogado por la Policía Federal como el mayor de la historia del país. Consistía en pagos de sobreprecios por parte de la empresa petrolera semiestatal Petrobras, los cuales en última instancia acababan en manos de empresarios y políticos. El partido en el Gobierno (PT) como sus fuerzas aliadas,  PP (Partido Progresista) y PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), fueron los principales beneficiados. Según la investigación, los desvíos de dinero ascienden a 10.000 millones de reales (2.600 millones de dólares) y podrían haber sido una de las principales fuentes de financiación de la campaña electoral que llevó a Rousseff a su segundo mandato.
La envergadura de este mega esquema de corrupción es importante por diversos motivos. En primer lugar, porque afecta directamente a la mayor empresa del país. El valor de bursátil de la petrolera, que supo ser la mayor compañía de toda América Latina, se ha desplomado. El escándalo con sus consecuentes implicaciones legales, inclusive fuera de las fronteras nacionales, sumando a la caída de los precios internacionales del crudo, han llevado al valor de la acción de la estatal a mínimos en una década. El segundo aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de que la investigación alcance a la propia mandataria. En caso se probara su participación podría abrirse la posibilidad de un eventual juicio político o impeachment. No se trataría de algo nuevo para la política brasileña. En 1992 el entonces presidente Fernando Affonso Collor de Mello debió abandonar el Palácio do Planalto justamente por la activación de este mecanismo.
Pero para avanzar en un impeachment es necesario también que se cuente con las condiciones políticas necesarias. Para su ejecución, el juicio político requiere del voto positivo de dos tercios de los parlamentarios. Es aquí donde las alianzas políticas cumplen un rol fundamental. Dentro de su programa de ajuste fiscal, Dilma Rousseff eliminó ocho ministerios y dentro de la misma reforma le entregó al  Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) el manejo de cinco carteras. En una clara maniobra política, la mandataria fortaleció la alianza partidaria del Gobierno para poder así bloquear cualquier iniciativa de juicio político. Con el apoyo del PMDB en el Parlamento será fácil para el Partido de los Trabajadores reunir un tercio más uno de los votos e impedir un posible impeachment.
También existe una segunda lectura de la razón del relanzamiento de la alianza parlamentaria y la constitución de una suerte de gobierno de coalición PT-PMDB. El Ejecutivo corre contrarreloj en su programa de ajuste fiscal. Para concertarlo de forma definitiva y recuperar al menos parcialmente la credibilidad de los mercados necesita que el mismo sea aprobado en el Parlamento. La relanzada alianza es la única alternativa para lograr esta empresa.

¿Qué dice la calle?
La recesión por la que atraviesa la economía brasileña no solo se ve en los números macroeconómicos. Se siente en las calles, se percibe en el cierre de empresas y comercios, en el aumento de los despidos y en la dificultad para encontrar un nuevo empleo. Desde la implementación del Plan Real en 1994, la economía brasileña de una forma u otra había vivido un ciclo virtuoso. Hoy, por primera vez en dos décadas, la sociedad siente en carne propia un deterioro de las condiciones materiales. Una generación entera, los que hoy tienen entre 25 y 35 años, experimentan por primera vez en su vida adulta dificultades económicas. Se trata de una compleja realidad que repercute directamente en los niveles de aceptación de la gestión presidencial. A un año de haber sido reelecta, Dilma Rousseff cuenta con un 10% de aprobación y su administración es rechazada por el 70% de los brasileños.
En definitiva, sin el final de la crisis a la vista, con un mega esquema de corrupción en pleno proceso de investigación y una imagen por los suelos, la actual Presidenta deberá mostrar su máxima elasticidad política para navegar a través de una tormenta perfecta. Resistir en el poder hasta 2018 y que allí la situación económica haya mejorado puede ser la única alternativa para el PT. De ello dependerá su capacidad de acceder a un quinto período presidencial y que su ciclo no se vea interrumpido. Pero la verdad es que hablar de escenarios de aquí a cuatro años dentro la actual coyuntura es prácticamente imposible.

Brasil: la tormenta perfecta


El fin de la prosperidad económica y la crisis política que atraviesa Brasil no auguran buenas perspectivas para el país. Un repaso para entender qué está pasando y qué podría pasar en elgigante suramericano.
brasil_inside
Fuerte tormenta en las calles de Sao Paulo, Brasil. Mauricio Lima /AFP/Getty Images
El escenario político y económico del Brasil de hoy es delicado. Lejos han quedado los recuerdos de aquella potencia emergente que entusiasmó al mundo durante la primera década del siglo XXI. La expansión del PBI, la reducción de la pobreza y el creciente protagonismo económico de este miembro fundador del grupo BRICS parecen haberse extinguido.
El fin del super ciclo de las materias primas y la desaceleración china configuraron el golpe de gracia que terminó de hundir la prosperidad de un país cuya economía ya encendía múltiples luces de alerta. El gobierno de Dilma Rousseff postergó todas las decisiones impopulares para después de las elecciones presidenciales de finales de 2014. Como era de esperar, su objetivo de ser reelegida primó  sobre la responsabilidad macroeconómica. Tras asumir el cargo en enero de este año, su gestión no ha sido más que una seguidilla de ajustes fiscales y monetarios. Aumento y creación de impuestos, incremento de tarifas de servicios públicos, recortes de gastos, eliminación de múltiples subsidios y, posiblemente, lo que más lastima a la actividad económica: aumento de la tasa de interés. El ambicioso programa busca contener la inflación y recuperar equilibrio fiscal. Se trata de dos variables que se muestran efectivamente muy deterioradas. La inflación para 2015 se proyecta al 9,5%, el mayor índice desde 2002. En lo que respecta a las cuentas públicas, los números son incluso más desalentadores. El déficit en el período enero-agosto asciende a 14.000 millones de reales (3.500 millones de dólares), lo que representa el peor resultado desde 1997.
Pero lo que realmente preocupa a todos los sectores económicos es el desplome de la actividad. Según las últimas estadísticas, 2015 cerraría con una caída del PBI del 2,8%, número catastrófico para una nación en vías de desarrollo. 2016, año de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro (los primeros en la historia en celebrarse en América del Sur) tampoco traerá buenas noticias. Las perspectivas son de una contracción de la economía del 1%, confirmándose así el primer bienio de recesión sufrido por el país desde la gran depresión mundial de la década de 1930. Estamos frente al peor resultado económico de los últimos 85 años.
El denominado “mercado financiero”, omnipresente, toma nota de la debacle financiera. La consultora estadounidense Standard and Poor’s ha rebajado la calificación a la deuda soberana brasileña, pasando de “BBB-” a “BB+”. Brasil queda así excluido del selecto grupo de países que gozan del “Investment Grade” (Grado de inversión). En otras palabras, los bonos brasileños son ahora, a los ojos de diversos inversores internacionales, bonos basura. Las consecuencias de este descenso de categoría son básicamente dos. En primer lugar, el país verá encarecido su acceso a los mercados de capitales, lo cual se contagia automáticamente al costo de endeudamiento de toda la economía (incluidas las empresas privadas y las familias). Y, en segundo término, en una fuga de capitales, que deprecia la moneda local y genera mayores presiones inflacionarias. Más y más malas noticias.
El peso del naufragio del mayor país de la región impulsa a toda la economía latinoamericana que según la CEPAL mostrará una caída del PBI en 2015 del 0,3%, peor resultado en 9 años. Por supuesto que la repercusión de la crisis brasileña se siente mucho más fuerte dentro del Mercosur que fuera de el. Las economías de la Alianza del Pacífico, aun desaceleradas, muestran todavía tímidos crecimientos, mientras que la Argentina, muy dependiente de la suerte de su principal socio, sufre el impacto.

Política: corrupción, alianzas e ‘impeachment’
La corrupción, mal endémico del sistema político brasileño, termina de configurar la tormenta perfecta. El avance en las investigaciones del escándalo conocido como “Operação Lava-Jato” compromete a altos mandos del Partido de los Trabajadores (PT) y a funcionarios cercanos a la presidente Dilma Rousseff. “Lava-Jato”, que en español significa algo así como “lavadero de automóviles”, es un complejo y aceitado sistema de corrupción catalogado por la Policía Federal como el mayor de la historia del país. Consistía en pagos de sobreprecios por parte de la empresa petrolera semiestatal Petrobras, los cuales en última instancia acababan en manos de empresarios y políticos. El partido en el Gobierno (PT) como sus fuerzas aliadas,  PP (Partido Progresista) y PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), fueron los principales beneficiados. Según la investigación, los desvíos de dinero ascienden a 10.000 millones de reales (2.600 millones de dólares) y podrían haber sido una de las principales fuentes de financiación de la campaña electoral que llevó a Rousseff a su segundo mandato.
La envergadura de este mega esquema de corrupción es importante por diversos motivos. En primer lugar, porque afecta directamente a la mayor empresa del país. El valor de bursátil de la petrolera, que supo ser la mayor compañía de toda América Latina, se ha desplomado. El escándalo con sus consecuentes implicaciones legales, inclusive fuera de las fronteras nacionales, sumando a la caída de los precios internacionales del crudo, han llevado al valor de la acción de la estatal a mínimos en una década. El segundo aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de que la investigación alcance a la propia mandataria. En caso se probara su participación podría abrirse la posibilidad de un eventual juicio político o impeachment. No se trataría de algo nuevo para la política brasileña. En 1992 el entonces presidente Fernando Affonso Collor de Mello debió abandonar el Palácio do Planalto justamente por la activación de este mecanismo.
Pero para avanzar en un impeachment es necesario también que se cuente con las condiciones políticas necesarias. Para su ejecución, el juicio político requiere del voto positivo de dos tercios de los parlamentarios. Es aquí donde las alianzas políticas cumplen un rol fundamental. Dentro de su programa de ajuste fiscal, Dilma Rousseff eliminó ocho ministerios y dentro de la misma reforma le entregó al  Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) el manejo de cinco carteras. En una clara maniobra política, la mandataria fortaleció la alianza partidaria del Gobierno para poder así bloquear cualquier iniciativa de juicio político. Con el apoyo del PMDB en el Parlamento será fácil para el Partido de los Trabajadores reunir un tercio más uno de los votos e impedir un posible impeachment.
También existe una segunda lectura de la razón del relanzamiento de la alianza parlamentaria y la constitución de una suerte de gobierno de coalición PT-PMDB. El Ejecutivo corre contrarreloj en su programa de ajuste fiscal. Para concertarlo de forma definitiva y recuperar al menos parcialmente la credibilidad de los mercados necesita que el mismo sea aprobado en el Parlamento. La relanzada alianza es la única alternativa para lograr esta empresa.

¿Qué dice la calle?
La recesión por la que atraviesa la economía brasileña no solo se ve en los números macroeconómicos. Se siente en las calles, se percibe en el cierre de empresas y comercios, en el aumento de los despidos y en la dificultad para encontrar un nuevo empleo. Desde la implementación del Plan Real en 1994, la economía brasileña de una forma u otra había vivido un ciclo virtuoso. Hoy, por primera vez en dos décadas, la sociedad siente en carne propia un deterioro de las condiciones materiales. Una generación entera, los que hoy tienen entre 25 y 35 años, experimentan por primera vez en su vida adulta dificultades económicas. Se trata de una compleja realidad que repercute directamente en los niveles de aceptación de la gestión presidencial. A un año de haber sido reelecta, Dilma Rousseff cuenta con un 10% de aprobación y su administración es rechazada por el 70% de los brasileños.
En definitiva, sin el final de la crisis a la vista, con un mega esquema de corrupción en pleno proceso de investigación y una imagen por los suelos, la actual Presidenta deberá mostrar su máxima elasticidad política para navegar a través de una tormenta perfecta. Resistir en el poder hasta 2018 y que allí la situación económica haya mejorado puede ser la única alternativa para el PT. De ello dependerá su capacidad de acceder a un quinto período presidencial y que su ciclo no se vea interrumpido. Pero la verdad es que hablar de escenarios de aquí a cuatro años dentro la actual coyuntura es prácticamente imposible.

Europa, ¿unidad en la diversidad?


La división entre acreedores y deudores recibió un importante alivio este verano, durante las negociaciones por el tercer acuerdo para el rescate de Grecia. Alemania, el país líder en la defensa de la austeridad y su acreedor más influyente, fue acusado de no mostrar suficiente flexibilidad y solidaridad; por otra parte, se arremetió contra Grecia por no haber implementado las reformas prometidas durante los dos primeros rescates. (Fue Francia, ni completamente del «norte» ni enteramente del «sur», la que terminó desempeñando un papel fundamental para llegar a un acuerdo).
Alemania actualmente también intenta mostrarse como líder en la crisis migratoria, pero esta vez con su generosidad. La canciller Angela Merkel ha prometido aceptar a más de 800 000 refugiados tan solo este año. Acogedoras multitudes formaron fila en las calles y colmaron estaciones de tren en las ciudades alemanas para ofrecer bebidas, alimento y vestimenta a los exhaustos refugiados, muchos de quienes han caminado cientos de millas y arriesgado sus vidas para alcanzar la seguridad.
Mientras que Merkel declaró enérgicamente que el islam también es una religión en Alemania, hay en Europa del Este quienes declararon que solo recibirán a una pequeña cantidad de refugiados... y solo si son cristianos. Esa intolerancia juega directamente a favor de los extremistas islámicos en todo el mundo.
La crisis de los refugiados resulta mucho más desafiante aún a la vista de la fragmentación política interna de los países miembros de la UE. Mientras los de la izquierda están a favor de una cauta aceptación de los refugiados, a medida que uno se desplaza hacia la derecha, más negativa se torna la actitud. Incluso la Unión Social Cristiana, el partido bávaro hermano de la Unión Demócrata Cristiana de Merkel, ha resultado un socio reticente en esta área.
Y existe otra división entre el Reino Unido y el resto de la UE. Dado el papel del Reino Unido, junto a Francia, como fuerza clave en la defensa europea y autoridad significativa en los asuntos mundiales, especialmente en cuestiones relacionadas con el clima y el desarrollo, la perspectiva de una auténtica división debiera ser fuente de grave preocupación para la UE.
Estas divisiones han creado profundas dudas para el sueño de una unión europea cada vez más estrecha, sustentada por un sistema compartido de gobernanza que permita una toma de decisiones más eficaz. De igual modo, no favorecen la implementación de las reformas necesarias para incentivar el desarrollo económico.
Sin embargo, aún es demasiado pronto para descartar los avances hacia una mayor integración europea. De hecho, para la cohesión en la UE, es probablemente mejor que existan varias grietas a que haya una única línea divisoria.
Cuando solo las consideraciones económicas dominaban el debate, el norte de Europa –obsesionado por la austeridad y haciendo caso omiso de cualquier consideración keynesiana– y el sur de Europa –en dificultades y desesperadamente necesitado de margen fiscal para brindar viabilidad política a las reformas estructurales necesarias para impulsar la demanda y crear empleo– estaban en desacuerdo. La situación se tornó tan tensa que algunos observadores respetados llegaron a proponer la creación de un «euro del norte» para la región vecina a Alemania y un «euro del sur» en el Mediterráneo (dónde se ubicaría Francia, no estaba claro).
En una eurozona de esas características, el Banco Central Europeo tendría que dividirse y el euro del norte se apreciaría. Resurgiría la incertidumbre cambiaria, no solo entre ambos euros sino también, antes de que transcurriese mucho tiempo, entre las zonas del «norte» y del «sur», debido al colapso de la confianza en la propia idea de una unión monetaria. En el bloque del norte, Alemania tendría un papel aún más gigantesco que el actual, una situación que probablemente generaría nuevas tensiones.
De manera similar, una división clara entre un oeste receptivo para los refugiados y un este de puertas cerradas verdaderamente pondría fin al Acuerdo de Schengen, porque el desacuerdo político cristalizaría en una barrera física que bloquearía el libre movimiento de personas en la UE. Una división de ese tipo sería tan perjudicial para la cohesión europea como una zona del euro dividida.
Pero, ¿qué ocurre cuando los países separados por una de las grietas se encuentran del mismo lado respecto de otra? Alemania, Italia, España y Suecia pueden coincidir sobre la cuestión de la inmigración, mientras que Grecia, Francia, Italia y Portugal están de acuerdo en las políticas macroeconómicas para la zona del euro. Francia, Polonia y el Reino Unido pueden estar dispuestos a gastar más en defensa, mientras que Alemania mantiene un perfil más pacifista. Y Alemania, los países escandinavos y el Reino Unido pueden estar a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, las «familias» políticas de alcance europeo de los Demócratas Cristianos, Socialdemócratas, etc., podrían aliarse en pos de algunas políticas y disentir sobre otras, trascendiendo los límites nacionales o regionales y generando un desplazamiento hacia políticas paneuropeas, lo que llevaría al Parlamento Europeo a aumentar su debate democrático y funciones de supervisión.
Una Europa donde los países no encajan limpiamente en una u otra categoría y donde emergen coaliciones flexibles según los distintos temas, probablemente cuenta con mayores probabilidades de lograr avances que una Europa simplemente dividida entre el norte y el sur, o el este y el oeste. Por supuesto, el desafío de fortalecer a las instituciones para que puedan gestionar esta diversidad y reconciliarla con eficacia política continúa. Aquí resulta crucial un mayor alcance de las votaciones ponderada y por mayoría doble. Pero, en las sociedades verdaderamente democráticas, el desafío de reconciliar los intereses divergentes nunca desaparece.

Refugiados y reforma en Europa


La escala del desafío es inmensa. El flujo de refugiados es extremadamente difícil de monitorear y canalizar, mucho menos limitar. En su huida de la guerra y la opresión, decenas de miles de personas arriesgan su vida y se ponen en peligro con tal de encontrar refugio en Europa -un fenómeno que continuará mientras persista el caos en los países de origen, como Siria, y los países faciliten el tránsito, como Irak y Libia.
Mientras tanto, las redes de transporte de Europa están bajo estrés, al igual que los refugios, los cruces fronterizos y los centros de registración. Las políticas de asilo comunes -que incluyen, por ejemplo, la regla básica de que quienes buscan asilo deben registrarse en su punto de entrada a la UE- no están funcionando o se las está ignorando. Y el valorado concepto de un viaje sin esfuerzo dentro de la zona Schengen libre de fronteras está bajo amenaza.
Estos problemas se ven agravados por las fallas de coordinación. Las actitudes hacia los refugiados varían enormemente entre los países: Alemania está adoptando una estrategia particularmente tolerante que contrasta marcadamente con la actitud a las claras desalmada de Hungría. Algunos países, como la República Checa, han bloqueado acuerdos para compartir la carga de manera justa entre los miembros de la Unión Europea, inclusive a través de cuotas obligatorias.
A esto sumémosles las preferencias de los refugiados -que, después de arriesgar todo para llegar a Europa, tienen sentimientos fuertes respecto de dónde les gustaría asentarse- y los desafíos en materia de políticas son enormes, particularmente en el corto plazo. Los políticos europeos todavía tienen que entender la realidad en el terreno, ni que hablar de adelantarse a lo que sucede. Y su incapacidad no hace más que exacerbar los riesgos para la cohesión política de la EU que surgieron con la crisis griega.
Los políticos de Europa tienen un poderoso incentivo para ofrecer una respuesta a la crisis de los refugiados como corresponde. Más allá de la necesidad de aliviar la miseria humana que atiborra las pantallas de televisión y las tapas de los diarios reside el imperativo de no perder las oportunidades importantes a mediano plazo que ofrece la migración.
Si bien hoy existen en Europa bolsones de desempleo elevado, la proporción entre trabajadores y gente mayor decaerá considerablemente en el más largo plazo. Y la flexibilidad del mercado laboral ya se vio socavada por la inercia estructural, incluidas las dificultades para volver a formar y capacitar a los trabajadores, particularmente los que han estado desempleados durante mucho tiempo.
Como ya han reconocido el gobierno y algunos líderes empresariales de Alemania, entre ellos el CEO de Daimler-Benz, una estrategia de mentalidad abierta para absorber e integrar a los refugiados puede ayudar a mitigar parte de los problemas estructurales de larga data de Europa. Después de todo, se dice que un porcentaje importante de la población de refugiados que llega a Europa es educada y está motivada y comprometida a construir un futuro mejor en sus nuevos hogares. Si capitalizan esta realidad, quienes toman las decisiones en Europa pueden convertir un desafío serio en el corto plazo en una ventaja poderosa en el largo plazo.
Una respuesta política acertada ante la crisis de los refugiados también podría ayudar a Europa de otras maneras. Por lo pronto, ya está destrabando desembolsos fiscales adicionales en países como Alemania -que, a pesar de tener los medios, anteriormente no tenía la voluntad de gastar-, ayudando así a aliviar un desequilibrio de la demanda agregada que, junto con impedimentos estructurales para el crecimiento y un excesivo endeudamiento en algunos países, ha retrasado la recuperación de la región.
La situación actual también podría ofrecer el catalizador necesario para hacer progresos decisivos en la arquitectura política, institucional y financiera incompleta de la UE. Y podría obligar a Europa a superar los obstáculos políticos que bloquean las soluciones a los problemas de larga data, como ofrecer la protección necesaria para que ciertos acreedores europeos otorguen un mayor alivio de la deuda para Grecia, cuyos problemas fiscales y de empleo, ya masivos, se están viendo exacerbados por la llegada de los refugiados. Podría incluso llevar a Europa a modernizar su marco de gobernancia, que permite que unos pocos países pequeños frustren decisiones respaldadas por la vasta mayoría de los miembros de la UE.
Los pesimistas inmediatamente señalarían que a Europa le ha costado aunar esfuerzos inclusive en cuestiones mucho menos complejas y más controlables, como la crisis económica y financiera de larga data de Grecia. Sin embargo, la historia también sugiere que las sacudidas de la escala y la magnitud de la actual crisis de refugiados tienen el potencial de impulsar respuestas políticas excepcionales.
Europa tiene la oportunidad de transformar la crisis de refugiados de hoy en un motor de renovación y progreso. Esperemos que sus políticos dejen de discutir y empiecen a trabajar en conjunto para sacar ventaja de esta apertura. Si no lo logran, el impulso detrás de la integración regional -que ha traído paz, prosperidad y esperanza a cientos de millones de personas- se debilitará considerablemente, en detrimento de todos.