El fin de la prosperidad económica y la crisis política que atraviesa Brasil no auguran buenas perspectivas para el país. Un repaso para entender qué está pasando y qué podría pasar en elgigante suramericano.
Fuerte tormenta en las calles de Sao Paulo, Brasil. Mauricio Lima /AFP/Getty Images
El escenario político y económico del Brasil de hoy es delicado. Lejos han quedado los recuerdos de aquella potencia emergente que entusiasmó al mundo durante la primera década del siglo XXI. La expansión del PBI, la reducción de la pobreza y el creciente protagonismo económico de este miembro fundador del grupo BRICS parecen haberse extinguido.
El fin del super ciclo de las materias primas y la desaceleración china configuraron el golpe de gracia que terminó de hundir la prosperidad de un país cuya economía ya encendía múltiples luces de alerta. El gobierno de Dilma Rousseff postergó todas las decisiones impopulares para después de las elecciones presidenciales de finales de 2014. Como era de esperar, su objetivo de ser reelegida primó sobre la responsabilidad macroeconómica. Tras asumir el cargo en enero de este año, su gestión no ha sido más que una seguidilla de ajustes fiscales y monetarios. Aumento y creación de impuestos, incremento de tarifas de servicios públicos, recortes de gastos, eliminación de múltiples subsidios y, posiblemente, lo que más lastima a la actividad económica: aumento de la tasa de interés. El ambicioso programa busca contener la inflación y recuperar equilibrio fiscal. Se trata de dos variables que se muestran efectivamente muy deterioradas. La inflación para 2015 se proyecta al 9,5%, el mayor índice desde 2002. En lo que respecta a las cuentas públicas, los números son incluso más desalentadores. El déficit en el período enero-agosto asciende a 14.000 millones de reales (3.500 millones de dólares), lo que representa el peor resultado desde 1997.
Pero lo que realmente preocupa a todos los sectores económicos es el desplome de la actividad. Según las últimas estadísticas, 2015 cerraría con una caída del PBI del 2,8%, número catastrófico para una nación en vías de desarrollo. 2016, año de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro (los primeros en la historia en celebrarse en América del Sur) tampoco traerá buenas noticias. Las perspectivas son de una contracción de la economía del 1%, confirmándose así el primer bienio de recesión sufrido por el país desde la gran depresión mundial de la década de 1930. Estamos frente al peor resultado económico de los últimos 85 años.
El denominado “mercado financiero”, omnipresente, toma nota de la debacle financiera. La consultora estadounidense Standard and Poor’s ha rebajado la calificación a la deuda soberana brasileña, pasando de “BBB-” a “BB+”. Brasil queda así excluido del selecto grupo de países que gozan del “Investment Grade” (Grado de inversión). En otras palabras, los bonos brasileños son ahora, a los ojos de diversos inversores internacionales, bonos basura. Las consecuencias de este descenso de categoría son básicamente dos. En primer lugar, el país verá encarecido su acceso a los mercados de capitales, lo cual se contagia automáticamente al costo de endeudamiento de toda la economía (incluidas las empresas privadas y las familias). Y, en segundo término, en una fuga de capitales, que deprecia la moneda local y genera mayores presiones inflacionarias. Más y más malas noticias.
El peso del naufragio del mayor país de la región impulsa a toda la economía latinoamericana que según la CEPAL mostrará una caída del PBI en 2015 del 0,3%, peor resultado en 9 años. Por supuesto que la repercusión de la crisis brasileña se siente mucho más fuerte dentro del Mercosur que fuera de el. Las economías de la Alianza del Pacífico, aun desaceleradas, muestran todavía tímidos crecimientos, mientras que la Argentina, muy dependiente de la suerte de su principal socio, sufre el impacto.
Política: corrupción, alianzas e ‘impeachment’
La corrupción, mal endémico del sistema político brasileño, termina de configurar la tormenta perfecta. El avance en las investigaciones del escándalo conocido como “Operação Lava-Jato” compromete a altos mandos del Partido de los Trabajadores (PT) y a funcionarios cercanos a la presidente Dilma Rousseff. “Lava-Jato”, que en español significa algo así como “lavadero de automóviles”, es un complejo y aceitado sistema de corrupción catalogado por la Policía Federal como el mayor de la historia del país. Consistía en pagos de sobreprecios por parte de la empresa petrolera semiestatal Petrobras, los cuales en última instancia acababan en manos de empresarios y políticos. El partido en el Gobierno (PT) como sus fuerzas aliadas, PP (Partido Progresista) y PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), fueron los principales beneficiados. Según la investigación, los desvíos de dinero ascienden a 10.000 millones de reales (2.600 millones de dólares) y podrían haber sido una de las principales fuentes de financiación de la campaña electoral que llevó a Rousseff a su segundo mandato.
La envergadura de este mega esquema de corrupción es importante por diversos motivos. En primer lugar, porque afecta directamente a la mayor empresa del país. El valor de bursátil de la petrolera, que supo ser la mayor compañía de toda América Latina, se ha desplomado. El escándalo con sus consecuentes implicaciones legales, inclusive fuera de las fronteras nacionales, sumando a la caída de los precios internacionales del crudo, han llevado al valor de la acción de la estatal a mínimos en una década. El segundo aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de que la investigación alcance a la propia mandataria. En caso se probara su participación podría abrirse la posibilidad de un eventual juicio político o impeachment. No se trataría de algo nuevo para la política brasileña. En 1992 el entonces presidente Fernando Affonso Collor de Mello debió abandonar el Palácio do Planalto justamente por la activación de este mecanismo.
Pero para avanzar en un impeachment es necesario también que se cuente con las condiciones políticas necesarias. Para su ejecución, el juicio político requiere del voto positivo de dos tercios de los parlamentarios. Es aquí donde las alianzas políticas cumplen un rol fundamental. Dentro de su programa de ajuste fiscal, Dilma Rousseff eliminó ocho ministerios y dentro de la misma reforma le entregó al Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) el manejo de cinco carteras. En una clara maniobra política, la mandataria fortaleció la alianza partidaria del Gobierno para poder así bloquear cualquier iniciativa de juicio político. Con el apoyo del PMDB en el Parlamento será fácil para el Partido de los Trabajadores reunir un tercio más uno de los votos e impedir un posible impeachment.
También existe una segunda lectura de la razón del relanzamiento de la alianza parlamentaria y la constitución de una suerte de gobierno de coalición PT-PMDB. El Ejecutivo corre contrarreloj en su programa de ajuste fiscal. Para concertarlo de forma definitiva y recuperar al menos parcialmente la credibilidad de los mercados necesita que el mismo sea aprobado en el Parlamento. La relanzada alianza es la única alternativa para lograr esta empresa.
¿Qué dice la calle?
La recesión por la que atraviesa la economía brasileña no solo se ve en los números macroeconómicos. Se siente en las calles, se percibe en el cierre de empresas y comercios, en el aumento de los despidos y en la dificultad para encontrar un nuevo empleo. Desde la implementación del Plan Real en 1994, la economía brasileña de una forma u otra había vivido un ciclo virtuoso. Hoy, por primera vez en dos décadas, la sociedad siente en carne propia un deterioro de las condiciones materiales. Una generación entera, los que hoy tienen entre 25 y 35 años, experimentan por primera vez en su vida adulta dificultades económicas. Se trata de una compleja realidad que repercute directamente en los niveles de aceptación de la gestión presidencial. A un año de haber sido reelecta, Dilma Rousseff cuenta con un 10% de aprobación y su administración es rechazada por el 70% de los brasileños.
En definitiva, sin el final de la crisis a la vista, con un mega esquema de corrupción en pleno proceso de investigación y una imagen por los suelos, la actual Presidenta deberá mostrar su máxima elasticidad política para navegar a través de una tormenta perfecta. Resistir en el poder hasta 2018 y que allí la situación económica haya mejorado puede ser la única alternativa para el PT. De ello dependerá su capacidad de acceder a un quinto período presidencial y que su ciclo no se vea interrumpido. Pero la verdad es que hablar de escenarios de aquí a cuatro años dentro la actual coyuntura es prácticamente imposible.
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