PARADOJAS DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN ORIENTE MEDIO

¿Es posible transformar la crisis de recursos hídricos en la región en una oportunidad para promover la paz?

AFP/Getty Images

La celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Rio+20 ha constituido el marco perfecto para apreciar las paradojas de la gestión del agua en Oriente Medio. Por un lado, la delegación israelí ha presentado todo tipo de tecnologías de última generación para la optimización en el uso de este bien tan altamente preciado en la región; y por otro, la palestina, que ha intentado utilizarla como plataforma para seguir reivindicando sus hasta ahora denegados derechos, no sólo al agua, sino también al otro elemento que le es intrínseco: el territorio.

En la vanguardia de la gestión hídrica

Al igual que todos los países de Oriente Medio, Israel padece una crisis crónica de falta de recursos hídricos, que sin embargo ha paliado invirtiendo en el desarrollo de tecnologías que le permiten maximizar su conservación, utilización, reciclaje y reutilización, hasta el punto de convertirse en un referente global en este ámbito. Unos días antes de su viaje como jefe de delegación a la Cumbre Rio+20 el ministro de Medio Ambiente, Gilad Erdan, guiaba una visita a dos de sus proyectos estrella: la planta desalinizadora de Asquelón –la segunda más grande del mundo que utiliza la ósmosis inversa– capaz de producir 118 millones de m³ de agua potable al año; y la depuradora de Shafdan, situada en Rishon Letzion, que purifica las aguas residuales que generan los 2 millones de habitantes de la zona centro del país para luego cubrir el 70% de las necesidades de irrigación de la agricultura practicada en el desierto del Negev, por lo que ha sido incluida en una lista de los 30 mejores proyectos de gestión de aguas elaborada por el PNUMA (Programa de la ONU para el Medio Ambiente) e ICLEI (red global de gobiernos locales por la sostenibilidad).

Desde que sufriera varios años de sequía seguidos a finales de los 90, el Gobierno israelí optó por la construcción de cinco grandes desalinizadoras en diferentes puntos del país (la ya mencionada de Asquelón, Ashdod, Hadera, Palmachim y Sorek) que se unieron a otra treintena de desalinizadoras menores. El aparente éxito en este ámbito ha hecho que la empresa pública israelí Mekorot haya sido la ganadora de una licitación de dos grandes desalinizadoras a construir en Chipre, que una vez en marcha deberían proporcionarle el 50% de sus necesidades de agua potable. No obstante, a pesar de estos importantes avances, el movimiento ecologista de Israel ha solicitado una moratoria en la construcción de nuevas desalinizadoras, debido al uso intensivo de energía que hacen y a la emisión de gases de efecto invernadero que generan.

Además de desarrollar en su momento el riego por goteo, la inseminación de las nubes y otras técnicas para la optimización de la producción, conservación y del uso de agua dulce, Israel es también puntera en la gestión y depuración de aguas residuales. En ciudades como Tel Aviv la limpieza de las calles y el riego de parques y jardines se realiza con aguas recicladas en un 100%.

Cuestión de supervivencia

Al igual que para los israelíes el agua es una cuestión de seguridad, para los palestinos es una cuestión de supervivencia. Según el derecho internacional público –que prohíbe la discriminación en el uso del agua entre el poder ocupante y el territorio ocupado– Israel no sólo debería proporcionar agua a sus ciudadanos, sino también a los palestinos, de los cuales controla más del 80% de sus recursos hídricos, especialmente los acuíferos de Cisjordania y el río Jordán. Esto es así porque la división territorial diseñada en Oslo coadyuvó a que la ANP se hiciera cargo únicamente de las áreas metropolitanas (zonas A) y pueblos adyacentes (zonas B), mientras que las áreas rurales o zonas C, donde se concentran las fuentes de agua, hayan permanecido bajo control efectivo israelí.

Según la ONG de derechos humanos B´tselem, el Gobierno israelí siempre ha hecho una interpretación muy restrictiva de todos los artículos relativos al agua dentro de la Declaración de Principios (1993) y los Acuerdos de Oslo (1994 y 1995). Aunque nominalmente se reconocen los “derechos hídricos” de los palestinos, no se hace como una unidad territorial, sino que se reconocen por separado para Cisjordania y para la Franja de Gaza. Igualmente, dada la sensibilidad de esta cuestión, fue incluida entre las llamadas de Estatuto Definitivo (junto a la seguridad y fronteras, el retorno de los refugiados, el futuro de los asentamientos y la capitalidad de Jerusalén).

El artículo 40 del Protocolo de Asuntos Civiles del Acuerdo Interino de 1995 (conocido como Oslo II) delimita el marco de responsabilidades de las partes en materia de agua. Además crea una “Comisión Conjunta del Agua” para dirimir las diferencias de criterio que se puedan presentar, aunque al establecer un sistema de consenso en la toma de decisiones en la práctica el Gobierno israelí lo aprovecha para vetar la perforación de cualquier nuevo pozo por parte de los palestinos, mientras se guarda para sí la gestión de los ya existentes. A partir de ahí la empresa estatal de aguas y propietaria de la infraestructura, Mekorot, otorga una cuota anual de más de 40 millones de m³ anuales a la ANP, pero ésta denuncia que resultan insuficientes para abastecer las crecientes necesidades de Cisjordania. También hay que tener en cuenta que la ANP sólo es responsable de las zonas A y B, que solo representan el 40% de Cisjordania, mientras que muchos pueblos de las zonas C (el otro 60%) carecen de canalizaciones de aguas potable y residuales, teniendo que abastecerse mediante cisternas. Esto, además de ineficiente, resulta mucho más caro, triplicando el coste unitario del litro de agua entre aquellos que precisamente menos renta tienen, los campesinos.

En lo que a la Franja de Gaza respecta, la situación resulta incluso peor, pues además de la mayor escasez de pluviosidad y de reservas de agua subterránea, según un reciente informe de la ONG Save the Children, el 90% del agua de la Franja presenta altos índices de fertilizantes, residuos y metales, haciendo que no sea apta para el consumo humano en aplicación de los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según este informe, su alcantarillado ha resultado destruido por la campaña “Plomo Fundido” en enero de 2009 y las sucesivas operaciones militares, mientras que las depuradoras están sobresaturadas o faltas de combustible para poder funcionar, con lo que el número de casos de diarrea infantil y otras enfermedades se han multiplicado en los últimos 5 años (en que Hamás se hizo con el poder por las armas y el Gobierno israelí comenzó a aplicar un férreo bloqueo de la Franja).

La “Paz Azul”

Si el Proceso de Oslo (1993-2000) posibilitó que israelíes y palestinos dejaran de ver la cuestión del agua como un juego de suma cero para plantearlo como de suma positiva –donde la cooperación e integración de sus recursos hiciera aumentar la disponibilidad de éstos–, la Segunda Intifada (2000-2005) tiró por la borda todos estos planteamientos y creó un clima de desconfianza mutua que se prolonga hasta hoy en día.

Dentro de esta situación de parálisis negociadora general, que se manifiesta especialmente en ámbitos concretos como el de la gestión del agua, ha surgido una iniciativa internacional (con sede en India, patrocinio oficial de Jordania, y financiación de las agencias de cooperación suiza y sueca) que resulta realmente innovadora e interesante.

En febrero de 2011, tras una reunión en Mumbai (India) en la que participaron un centenar de dirigentes y expertos de Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Irak y Turquía, el Strategic Foresight Grouppresentó un exhaustivo informe de 180 páginas en el que demuestra cómo los cauces de los ríos de la zona van disminuyendo progresivamente, y cómo otras reservas como el Lago Tiberiades o el Mar Muerto van reduciéndose (el primero hasta niveles críticos, el segundo hasta comenzar incluso a desaparecer al ritmo de evaporación actual y falta de reposición). Por ello, han propuesto la creación de un “Consejo de Cooperación para la Gestión Sostenible del Agua”, que incluiría a Turquía, Siria, Líbano, Jordania e Irak, permitiendo canalizar los excedentes de unos a aquellos que presenten déficits. Y también un paquete de medidas de confianza entre Israel y Palestina, que permitiera la reactivación de la Comisión Conjunta del Agua bajo la supervisión y arbitrio del Cuarteto (formado por EE UU, la UE, Rusia y la ONU) o bien de algún donante internacional como el Banco Mundial.

De esta forma el informe “Paz Azul” propone transformar la crisis del agua en Oriente Medio en una oportunidad para promover una nueva paz regional basada en el axioma de que dos países fronterizos con acceso a suficientes, limpios y adecuados recursos hídricos ya no se sentirán motivados para entrar en conflicto bélico, pues éste resultaría altamente perjudicial para ambos. Quizás el mejor ejemplo de “paz azul” en la  zona lo presenten Jordania e Israel tras su Acuerdo de Paz de 1994, que establece la cogestión de los ríos Yarmouk y Jordán, así como la puesta en común de nuevas tecnologías. Acuerdos similares con Palestina, Líbano y Siria posibilitarían un cambio de paradigma en la gestión del agua en esta región tan seca y convulsa del planeta.