El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. / Pool (Getty Images)
“El Gobierno de Netanyahu solo quiere callar a la izquierda israelí. Esta ley es una excusa más”, dice Hagit Ofran, directora del departamento de Seguimiento de los Asentamientos en la ONG israelí Shalom Ajsav (Paz Ahora). Esta activista sufrió en primera persona uno de los últimos ataques de grupos radicales de la ultraderecha cuando días atrás recibió varias llamadas de teléfono amenazándola de muerte y su coche apareció con los cristales rotos y con pintadas como “Muerte a los izquierdistas”.
El proyecto de ley al que se refiere Ofran (promovido por dos miembros del Likud, el partido de Netanyahu) se aprobó el domingo por el Comité Ministerial para la Legislación y afectará principalmente a las ONG calificadas como “políticas” y que principalmente trabajan en la defensa de los derechos humanos en los territorios palestinos. Según esta ley, el techo máximo de ayuda procedente del exterior para cada una de estas organizaciones será de 20.000 shekels (unos 4.000 euros), lo que supone un serio riesgo para las finanzas de estas organizaciones.
Incluso el partido ultraconservador Israel Beitenu, liderado por el titular de Exteriores, Avigdor Lieberman, presiona para que se apruebe una segunda iniciativa por la que se gravarían con un 45% las donaciones extranjeras dirigidas a aquellas organizaciones.
Sin embargo, las ONG no son las únicas que han puesto el grito en el cielo en lo que llaman una derechización salvaje de la política del Gobierno. Incluso en las entrañas del propio partido de Netanyahu, el conservador Likud, surgen voces discordantes. Una de ellas es la de Reuven Rivlin, presidente del Parlamento, acusado en varias ocasiones de politizar su cargo, supuestamente neutral. “Algunos dentro del Likud se están aislando incluso en casa”, decía este fin de semana en la sede de su partido en Tel Aviv en referencia a los dos diputados de su formación, Tzipi Hotovely y Ofir Akunis, que han impulsado la ley después del intento fallido por aprobarla el pasado verano.
Entonces, el fiscal general del Estado la declaró inconstitucional, lo que paralizó, al menos momentáneamente, su aprobación en el Parlamento. Hotovely decía al término del Gabinete que “es el derecho del Estado de Israel no sucumbir a los intentos extranjeros para comprar influencia dentro de Israel”.
El Comité Ministerial para la Legislación también aprobaba el domingo varios proyectos de ley igualmente controvertidos. Uno por el que el Comité Constitucional del Parlamento (formado en su mayoría por legisladores conservadores) podrá vetar el nombramiento de cualquier juez en la Corte Suprema israelí. La última, una enmienda a la Ley Antidifamación, destinada a endurecer las penas por “comportamientos antinacionales” y donde los periodistas israelíes considerados de izquierdas son el principal blanco.
Tzipi Livni, líder de Kadima, principal partido de la oposición, decía tras conocerse la aprobación de los proyectos de ley que “Israel es el tipo de país donde todo el mundo puede decir sus opiniones, incluso si no nos gustan”. La experiodista Shelly Yachimovich, actual líder de Partido Laborista, iba más allá. “Netanyahu no puede seguir escondiéndose detrás de los miembros de su partido y lavarse las manos ante esta avalancha de leyes antidemocráticas”.
El Primer Ministro israelí parece haberse mostrado en su círculo más cercano contrario a la ley que reformaría el sistema judicial, pero sí ha dicho públicamente que apoyará la que limita la financiación de las ONG, aunque con algunas enmiendas. Entre ellas, elevar el techo financiero de 20.000 shekels y distinguir entre organizaciones de defensa de derechos humanos y otras de carácter político, lo que para su Ejecutivo son casi todas las que denuncian la actuación de su Gobierno. Estas iniciativas se someterán a debate parlamentario en los próximos días.
