miércoles, 18 de enero de 2012

LA CORRUPCIÓN ENSOMBRECE A AMÉRICA LATINA

La debilidad de las instituciones democráticas amenaza los avances económicos experimentados por la región.



Para América Latina 2011 fue un año que, en general, se vivió con una sensación de optimismo. Las buenas noticias relacionadas con el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en un periodo de crisis financiera global han sido fundamentales para generar este sentimiento. Además, la ampliación de la clase media, la activa y horizontal relación política entre países y el fortalecimiento del comercio en la región han sido clave.

No olvidemos también algo que muchas veces se deja de lado al hacer análisis y balances de cierre de año, debido a que sus manifestaciones y efectos son menos concretos que los resultados económicos y por ello difíciles de identificar. Me refiero a la democracia como sistema político que ha echado raíz y prevalece en la región. Esto lo destaca acertadamente el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en un artículo sobre los retos en la región para 2012: “la democracia parece haberse asentado como forma de gobierno predominante en este continente, en el cual apenas hace unas pocas décadas las dictaduras y las guerras civiles eran la regla general”. Sin embargo, no hay que ignorar que aún existen muchos retos por delante y que será fundamental abordarlos para consolidar los avances económicos, políticos y sociales en América Latina. Uno de los temas pendientes en la región es sin duda el de la gobernabilidad democrática. Cuando se habla de democracia como sistema no hay que olvidar que no solo consiste en poder elegir mediante el voto a gobernantes y representantes políticos -tema en el cual la región ha avanzado mucho-, sino en trata de ejercer una serie de derechos, porque la democracia no termina el día de las elecciones.

La democracia como sistema de gobierno se vive de diversas maneras: la capacidad de demandar y recibir información pública de calidad para conocer como se gastan los impuestos, la posibilidad de expresar libremente ideas y opiniones sin el temor de ser sancionado o la seguridad de que uno será tratado de manera imparcial por un sistema de impartición de justicia predecible y profesional. Todas ellas son manifestaciones de un sistema de buen gobierno en un régimen democrático que funciona.

Cuando tomamos en cuenta esta dimensión o definición más amplia de democracia nos damos cuenta que es necesario hacer mucho trabajo y redoblar esfuerzos en América Latina. No olvidemos que existen intereses poderosos que están en contra del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, ya que ésta dificulta y pone en riesgo el acceso a los beneficios de los que gozan. Empresarios que acceden de manera indebida a contratos para proveer bienes y servicios al Estado, políticos que una vez que llegan al poder entregan favores a sus aliados como manera de recompensarles el apoyo recibido en sus campañas políticas, funcionarios que desvían fondos públicos para el beneficio propio, el crimen organizado que necesita operar rutas de tránsito de mercancía ilegal, y muchos otros actores, requieren de un sistema vulnerable a la corrupción para operar. Por ello, estos intereses son la principal fuerza en contra de la transparencia e integridad de los gobiernos.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de la organización Trasparencia International que clasifica a 183 países, 20 de ellos de América Latina, da muestra de este problema. Salvo tres Estados de la región, el resto no alcanzan siquiera los puestos medios del ranking mundial, lo cual señala que la corrupción sigue representando un grave problema.

En la parte baja del la clasificación se ubican Venezuela, Paraguay, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Estos países no tienen el mismo sistema político ni comparten una misma ideología, lo que tienen en común todos ellos son algunas instituciones democráticas débiles. Ya sea porque éstas no son independientes de un poder central o porque los procesos de reforma democrática aún están en un estadio temprano tras años de gobiernos autoritarios o inestabilidad causada por conflictos internos, la realidad es que sus principales instituciones no son sólidas. Esto incrementa la posibilidad de que los recursos públicos no se utilicen debidamente, que se adopten decisiones que favorezcan a grupos de interés específicos, que delincuentes queden impunes y que se recurra a la compra de votos durante los procesos electorales. En otras palabras, el resultado es que las instituciones son más vulnerables a la corrupción.

Otro grupo de países con dificultades es el de aquellos que se sitúan en la mitad de la tabla y está integrado por Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Todos ellos cuentan con recursos abundantes, sus economías tienen un desempeño positivo, algunas de sus instituciones son sólidas y modernas, celebran elecciones periódicamente y existen diversos partidos políticos que se alternan en el poder. A pesar de ello, la corrupción es un problema que esta presente. Aún cuando su potencial es innegable, estos Estados latinoamericanos no han conseguido ascender significativamente en el ranking a lo largo del tiempo. Esto podría deberse, en parte, a que en estos países, con grandes territorios y estructuras federales o muy descentralizadas, el Estado muchas veces carece de presencia en áreas remotas, la riqueza no está distribuida de manera equitativa y las prácticas políticas y capacidades de gobierno a lo largo del país son muy diversas.


Los grupos ilegales constituyen un sector sumamente poderoso que socava las instituciones del Estado

Especialmente en Brasil y en México es común que algunas entidades modernas del gobierno central que intentan impulsar reformas se enfrenten a un sistema preexistente basado en prácticas arraigadas como son el padrinazgo, el favoritismo, el abuso de autoridad, la discrecionalidad en la toma de decisiones, la compra de votos, etcétera. Si bien han obtenido avances en varios frentes y ha quedado demostrado que existe interés en implementar reformas, las viejas prácticas continúan arraigadas, particularmente en algunas regiones y provincias.

Vale la pena mencionar un problema que, lamentablemente, afecta a demasiados países de la región: la delincuencia organizada. Los grupos ilegales constituyen un sector sumamente poderoso que socava las instituciones del Estado. Para poder beneficiarse mediante el tráfico de drogas y armamento y la trata de personas, las organizaciones delictivas necesitan asegurar que las fuerzas de seguridad, el poder judicial y otros organismos del Estado continúen siendo débiles y vulnerables a la corrupción. Como consecuencia de esto sucede, por ejemplo, que fiscales y jueces permitan que quienes cometen delitos no sean sancionados y que funcionarios de aduanas o puertos toleren irregularidades.

Más allá de si la delincuencia organizada ha debilitado al Estado y a la gobernabilidad democrática a través de fomentar la corrupción, o si fue la corrupción la que permitió que prosperara la delincuencia organizada, mientras ambos problemas continúen coexistiendo las instituciones estarán amenazadas y será más difícil evitar corruptelas.

Finalmente, es importante señalar los casos de Chile y Uruguay, que se sitúan en la parte alta de la tabla obteniendo puntuaciones similares e incluso superiores a la de EE UU y algunos países de Europa Occidental con democracias consolidadas. Los avances conseguidos por ambos son un ejemplo positivo para otros Estados latinoamericanos. Establecen, además, parámetros más ambiciosos para aquellos países que están impulsando políticas y prácticas destinadas a fortalecer la transparencia y combatir la corrupción. Sin embargo, haber alcanzado una posición relativamente alta no debe servir para que chilenos y uruguayos se den por satisfechos.

Los futuros balances anuales de América Latina tienen un alto potencial de seguir siendo positivos. Pero, no hay que confiarse. Quienes toman las decisiones y la población en general no deben olvidar que para una prosperidad económica presente y futura también es fundamental promover la gobernabilidad democrática y erradicar la corrupción. De otra manera, el crecimiento no podrá ser sostenible, y la desigualdad y la inseguridad ciudadana seguirán siendo características negativas que opaquen los avances en la región.

TURQUÍA MÁS EGIPTO: LA ALIANZA DEL FUTURO

El modelo turco para los árabes.


A medida que Estados Unidos pierde peso o se retira lo mejor que puede de sus bastiones en Oriente Medio, el modelo turco parece cada vez más deseado para el mundo árabe. Al menos está en boca de muchos analistas en el exterior que escriben no tanto sobre lo que pasa sino sobre lo que a su juicio debería pasar. Sin duda la síntesis entre democracia e islam ha alcanzado aquí una madurez que no conoce parangón en Oriente Medio. Y, sobre todo, Turquía vive un crecimiento económico que promete prosperidad a sus ciudadanos mientras una crisis a nivel mundial hace estragos en otros lares. ¿Qué país árabe no desea algo similar?


Ahora bien, el modelo de Ankara es difícilmente exportable debido a que la experiencia turca parte del kemalismo en su ADN, una ideología no enraizada en el mundo árabe. Por ello, dice Ankara, cada país debe tener su propia experiencia, asumir sus fallos, titubeos y aciertos. Empero, Turquía se sabe ya vencedora en un escenario futuro. El cálculo es sencillo: si se le da voz y voto a la población de países de mayoría suní—como lo son Egipto, Túnez, Libia e incluso Siria—poco a poco estos países girarán hacia una mayor presencia del islam en la esfera pública. Y así, a través de la democracia multipartidista, se hará irónicamente más patente la herencia histórica de un imperio que controló durante cuatro siglos el mundo árabe desde Estambul.


Egipto es el líder natural del mundo árabe. Eso lo sabe bien el ministro de Exteriores Ahmet Davutoglu, el conocido como el Henry Kissinger turco. Y por ello aspira a una futura alianza de Ankara con El Cairo. Dos de los países musulmanes de mayor población, dos de las potencias militares más fuertes en la región. Un nuevo eje de poder mientras Washington desaparece poco a poco de la zona. Y un claro perdedor: Israel.

EFECTOS DE LA PRIMAVERA ÁRABE SOBRE LA SEGURIDAD ISRAELÍ

Alguna buena noticia y unas cuantas incertidumbres para Israel.

Tradicionalmente, el concepto de seguridad nacional israelí se ha segmentado en tres anillos regionales. A pesar de la excelente reputación de la que gozan sus servicios de inteligencia, no da la impresión de que hace un año fueran capaces de prever las profundas convulsiones que iban a experimentar algunos de los países de la zona, encuadrados dentro de esos tres círculos concéntricos. ¿Han resultado positivos o negativos para Israel los cambios políticos experimentados por sus vecinos a lo largo del 2011?





Primer anillo: Territorios Palestinos

Éste ha sido quizás el frente más predecible y manejable de los tres anillos. A pesar de las grandes expectativas creadas entre los palestinos para la proclamación de un Estado independiente en Naciones Unidas a finales de 2011, el Gobierno israelí ha logrado que el discurso del Presidente de la Autoridad Nacional, Mahmoud Abbas, ante la Asamblea General, se haya quedado en una mera declaración de intenciones. Su reciente ingreso en la Unesco tiene un importante peso simbólico, pero ningún valor político real. Igualmente, el proceso de reconciliación nacional entre las dos principales fuerzas políticas, Al Fatah y Hamás, ha supuesto una larga secuencia de reuniones entre sus dirigentes, pero el Acuerdo de El Cairo del pasado mes de mayo adolece todavía de la falta de implementación práctica. Cisjordania y la Franja de Gaza continúan funcionando como dos entes totalmente dispares, sin que haya fecha para las elecciones generales ni para la formación de un nuevo Consejo Legislativo (paralizado desde que Hamás se hiciera violentamente con el control de la Franja en junio de 2007) ni de un Gobierno de unidad nacional.

La ausencia de una primavera palestina se debió precisamente a estas expectativas de independencia creadas por el llamado Plan Fayyad “Terminando con la Ocupación, Estableciendo el Estado”, pero también al férreo control ejercido sobre las primeras manifestaciones registradas en marzo de 2011, tanto por parte de las Fuerzas de Seguridad de la ANP en Cisjordania como por las de Hamás en Gaza. Ante la ausencia de una demanda popular masiva de unidad nacional palestina, el Gobierno israelí lo tuvo más fácil todavía a la hora de mantener los dos territorios -que algún analista denomina irónicamente Fatahstán y Hamastán- fragmentados, mientras sigue aplicando su política de hechos consumados en Cisjordania y Jerusalén Este, esto es, ampliando los asentamientos y construyendo nuevas infraestructuras que anexionarse el día de mañana. De esta forma el primer anillo no ha supuesto ningún problema de seguridad para Israel durante el 2011 ni tampoco parece que lo vaya a hacer durante el año que comienza, dados los intentos fallidos del Cuarteto por reactivar el proceso negociador y la probable falta de apoyo por parte de la Administración Obama, al entrar en año electoral.



Segundo anillo: Egipto, Jordania, Siria y Líbano

El segundo círculo lo constituye el conjunto formado por los países con los que comparte frontera: Egipto, Jordania, Siria y Líbano. La figura del depuesto Presidente egipcio, Hosni Mubarak, suponía sin duda el principal factor de estabilidad para Israel en la zona. Su caída dio lugar a nuevas incertidumbres regionales y abrió nuevos escenarios, atemperados por el papel central jugado hasta ahora por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, a modo de garante de los Acuerdos de Camp David. Todo apunta a que el eventual ascenso al poder político por parte de los Hermanos Musulmanes -que parece inexorable- cuestionará el espíritu del Tratado, pero mantendrá la letra. Es decir, que Israel tendrá que prestar mayor atención a los acontecimientos que acaezcan en Egipto durante el año entrante, mas no verá peligrar sus relaciones bilaterales en el ámbito de la seguridad.

En cambio, la evolución de la situación en Siria parece mucho menos predecible. Pues a pesar de que pudiera parecer otra cosa, el régimen de los Assad -nominalmente en guerra con Israel, lo contrario que el de Mubarak- se ha esmerado en que los Altos del Golán hayan sido la frontera más segura desde la Guerra del Yom Kippur en 1973, previniendo cualquier tipo de incidente transfronterizo. Dado el apoyo con el que cuenta por parte de Rusia y de China dentro del Consejo de Seguridad es improbable que tenga lugar una intervención militar occidental y que Assad siga el mismo camino que Ghadafi en Libia, aunque si el nivel de represión contra la revuelta popular continuara constante y, sobre todo, la Misión de Observación que acaba de desplegar la Liga Árabe sufriera algún tipo de atentado, la comunidad internacional podría verse obligada a actuar. El Ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, ha señalado recientemente ante la prestigiosa Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset que según sus estimaciones la caída del régimen de Assad es cuestión de semanas, lo que no parece probable, dado el apoyo que recibe por parte de terceros actores (Irán, Hezbolá) para combatir la subversión. En cualquier caso las Fuerzas Armadas israelíes se encuentran ya preparadas para un amplio abanico de escenarios, que van desde la toma del poder por parte de la oposición siria (Consejo Nacional Sirio desde el exilio y Comités de Coordinación Local desde el interior) y la llegada a un acuerdo sobre los Altos del Golán, hasta el advenimiento de una conflagración bélica en la que también participaran Irán y Hezbolá.

Al igual que los Palestinos, Líbano tiene una agenda política propia con otras prioridades, lo que ha hecho que la primavera árabe no germinara en este país (pudiéndose interpretar también que ésta tuvo lugar previamente, tras el asesinato del ex Primer Ministro Rafiq Hariri y la creación del Movimiento del 14 de Marzo). Esto ha hecho que el frente libanés haya permanecido en calma durante 2011 -sin que hayan tenido lugar asesinatos políticos ni atentados relevantes o revueltas en campos de refugiados palestinos, como en años anteriores- y todo apunte a que así seguirá siendo en este nuevo año, salvo que se descompusiera el régimen sirio o Israel lanzara un ataque preventivo contra el programa nuclear iraní.

Por otro lado, en el caso de Jordania -al igual que el de Marruecos dentro del Magreb- el papel desempeñado por la Monarquía y las pequeñas reformas legales y medidas políticas introducidas para satisfacer ciertas demandas populares, ha hecho que la situación permanezca bajo control y que el Reino Hachemita sea el vecino más fiable y predecible del que dispone Israel.



El tercer anillo: Irak, Libia e Irán

El tercer círculo es aquel que forman los países que no tienen frontera física con Israel, pero que por algún motivo mantienen disputas con él, como es el caso de Irak, que ya participó en la Guerra de la Independencia de 1948, lanzó cohetes Scud durante la Guerra del Golfo en 1991 y amenazó con volverlo a hacer durante la invasión aliada en 2003. Precisamente esta última campaña bélica ayudó a eliminar a un enemigo declarado de Israel, como era Sadam Hussein, lo cual supuso sin duda un gran alivio para la seguridad nacional israelí. Pero la reciente retirada del Ejército estadounidense y la creciente influencia de la República Islámica de Irán hacen que el nuevo Irak presente nuevos interrogantes desde la perspectiva israelí. La evolución de la violencia sectaria y los equilibrios de poder entre sus tres comunidades principales -chií, suní y kurda- resultarán determinantes.

A diferencia de Irak, Libia nunca entró en guerra directa con Israel, pero al igual que Sadam, Gadafi patrocinó el terrorismo antiisraelí y antijudío, por lo cual la caída del dictador libio ha sido igualmente motivo de enhorabuena para la seguridad israelí. El patrocinio occidental del Consejo Nacional de Transición libio permite prever que no adoptarán posturas antiisraelíes y que se mantendrán dentro del marco de la Iniciativa de Paz Árabe. No obstante, al igual que con Egipto, Israel tendrá que tomar buena nota de la influencia gradual que vayan cogiendo los partidos y organizaciones islamistas.

Neutralizados el Irak de Sadam y la Libia de Gadafi, el gran enemigo potencial de Israel en el tercer anillo (dejando a un lado a terceros países que practican la retórica antiisraelí, pero no practican políticas antiisraelíes, tales como Pakistán o Indonesia) ha pasado a ser la República Islámica de Irán. Especialmente desde la subida al poder del actual Presidente, Mahmoud Ahmadineyad, la tensión entre ambos países no ha dejado de aumentar, hasta el punto en que incluso el Presidente de Israel, Simón Peres, Premio Nobel de la Paz, se declara partidario de utilizar cualquier medida para frenar el desarrollo nuclear iraní, incluyendo la opción militar. De hecho, las Fuerzas Aéreas israelíes ya habrían probablemente efectuado un bombardeo preventivo de las instalaciones -similar a los del reactor iraquí de Osirak en 1981 o al reactor sirio de Al Kibar en 2007- de no ser por las lecciones aprendidas por los iraníes, que han descentralizado el desarrollo del programa y lo han protegido bajo búnkeres subterráneos que dificultan sobremanera la operación. Además, para realizarla Israel necesitaría de un visto bueno previo por parte de Estados Unidos, dado que sus cazabombarderos se verían obligados a sobrevolar el espacio aéreo iraquí. Así las cosas, a corto plazo el programa nuclear iraní constituye la principal amenaza para la seguridad nacional israelí, así como pasaría a serlo a medio plazo para la seguridad europea. Pero de la misma manera, un ataque preventivo israelí la convertiría en una amenaza inminente no sólo para la seguridad nacional del propio Israel y del conjunto de la región (bases militares e intereses petrolíferos de Estados Unidos en los países del Golfo Pérsico), sino para Europa y del conjunto de Occidente, que sufriría un brutal descalabro de los precios de los hidrocarburos y de los mercados financieros, así como se convertirían en objetivo prioritario del terrorismo islamista.