MERCENARIOS, UN NEGOCIO EN EXPANSIÓN

La figura del mercenario se ha transformado en sofisticadas y lucrativas empresas militares y de seguridad que trabajan a escala mundial. FP en español entrevista al preside el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado, sobre el peligroso vacío legal en el que se mueven estas compañías.

FP en español: ¿Por qué surge este grupo de la ONU sobre mercenarios?

José Luis Gómez del Prado: Aunque ya existía anteriormente, en 2005 se refuerza y se establece un mandato con varios expertos de cada región, porque se constata que la figura del mercenario, que siempre ha existido a lo largo de la historia, ha sufrido una transformación: lo que era antes una actividad individual se ha convertido en algo más corporativo a través de empresas militares y de seguridad.

No se les puede decir que son mercenarios, porque son compañías registradas legalmente. Ellos afirman “que no se desplazan a zonas de combate, ni mucho menos para entrar en guerra”, sino a ofrecer seguridad. Y cuando van a Irak, Afganistán, República Democrática del Congo, Colombia o Somalia, lo hacen con un contrato bajo el brazo que legaliza su actividad.

FP. ¿Puede confirmar la presencia de mercenarios en Libia? ¿De que países proceden?

JLGP. Sabemos que sí, pero no podemos confirmarlo “oficialmente” porque no hemos estado en el terreno. Sin embargo, hay mucha fuentes (medios de información, diplomáticos, informes…) que afirman que hay mercenarios.

El Gobierno de Gadafi los ha utilizado contra su propia población y no contra un enemigo exterior, y esto es un fenómeno nuevo, algo que no se había dado hasta ahora. Proceden, seguramente, de países del Sahel y también de Europa del Este.

FP. ¿Cómo se financian y consiguen las armas?

JLGP. Como cualquier otra empresa, a través de contratos, ya sean de carácter público (Pentágono, Departamento de Estado de EE UU) o privado, con multinacionales. En cuanto a las armas, en el caso de las empresas estadounidenses, cuando van a Irak o Afganistán se las llevan de Estados Unidos, y este es uno de los problemas: se trata de armamento que no está controlado y que enseguida pasa al mercado ilícito, porque no hay un ningún tipo de control.

FP. ¿Es cierto que la propia ONU y algunas ONG contratan el servicio de estas compañías militares privadas?

JLGP. Cada vez más, pero no sólo las ONG, hay periodistas que cuando van a zonas de combate contratan mercenarios para protegerse. Y Naciones Unidas también empieza a utilizar empresas de seguridad privada, un fenómeno que empezó en Afganistán y que desde el organismo que presido nos preocupa muchísimo. En general, es una tendencia cada vez mayor, y lo que ocurre es que no hay regulación o es muy escasa, por eso pedimos que, como no se les pueden incluir en la categoría de mercenarios, halla una regulación internacional para estas empresas.

Ese vacío jurídico es el que queremos regular: delimitar por ley las funciones reservadas a las fuerzas policiales y militares públicas y las reservadas a estas empresas privadas. La Comisión Europea va a tratar este asunto próximamente y presumiblemente aprobará unas recomendaciones sobre seguridad para Europa y queremos hacerlo extensible a escala mundial.

			La seguridad es un bien y un derecho para todos los ciudadanos, no sólo para quien pueda pagarla

FP. ¿Es un fenómeno en auge? ¿Ahorro de costes, globalización de los conflictos…?

JLGP. Estas empresas se ahorran la formación que ya han tenido los mercenarios. Por ejemplo, para formar a los comandos de la policía antiterrorista se necesita mucho tiempo, tal vez 4 o 5 años y una gran inversión económica, que pagamos todos los ciudadanos de cada país. Están ahí para defender el orden público y a los ciudadanos. Pero las empresas de seguridad privada contratan a estas personas y no tienen que formarlos, se ahorran esa parte y les ofrecen mucho dinero como salario. La mayoría son ex militares y ex policías, pero también hay militares en activo que durante algunos meses trabajan para estas compañías durante un año sabático o estando de vacaciones a cambio de muchísimo dinero. Es algo muy flexible para estas empresas: contratan gente durante un tiempo determinado para un trabajo concreto. En Irak, las empresas militares o de seguridad privada entraron en concurso para hacer un trabajo que antes sólo hacían militares, como cargar municiones, transporte y logística, etc. o la guardia que da protección al presidente Hamid Karzai de Afganistán. Hacen de todo y van armados, por eso trabajamos para regular esta situación.

El auge en los últimos años se da por la globalización de la economía y la tendencia a privatizarlo todo. Se empezaron a privatizar los servicios públicos, incluso la salud, también la seguridad, las cárceles, la policía, y hemos llegado a la privatización de los militares. Pero los Estados deben tener funciones públicas y se tiene que definir muy bien que hay actividades que no se pueden privatizar. La seguridad es un bien y un derecho para todos los ciudadanos, no sólo para quien pueda pagarla.

FP. ¿Cuántas empresas se dedican a esta actividad en el mundo y cuánto dinero mueven?

JLGP. Mueven entre 100 y 200 mil millones de dólares anuales. El número de empresas no lo sabemos con exactitud, pero cada vez hay más. Es un fenómeno muy anglosajón, prácticamente el 70% están en EE UU y Gran Bretaña, pero también en Israel, Canadá, Australia o España. El auge de estas empresas ha llegado al punto de que a muchas se les conoce como las “empresas del maletín”, porque no tienen oficina y, aún así, se presentan a los contratos públicos o privados. Y también se dan subcontrataciones: algunas firman contratos con el Pentágono y luego estas mismas subcontratan a otras para según que funciones, que a su vez subcontrata a otra empresa, pero ya fuera de Estados Unidos, buscando precios más baratos en Europa del Este o América Latina o últimamente en África, que es lo más barato.

FP. ¿Ha recibido amenazas o presiones por el trabajo que realiza en la ONU?

JLGP. Sí, más que amenazas una enorme presión, sobre todo desde los países donde este negocio está más desarrollado, que son los mismos que siempre votan en contra de las resoluciones de la ONU para regular estas empresas. También recibimos presión de la industria en general y de las compañías en particular, que ni siquiera quieren que les nombremos, cuando lo hacemos se nos echan encima porque tienen unos beneficios colosales. En el contexto de la crisis que estamos padeciendo, estas empresas no solamente no han perdido dinero, sino que han ganado, han obtenido más beneficios que nunca. Están en expansión, principalmente en EE UU y Gran Bretaña, aunque últimamente también están entrando con fuerza en este mercado países europeos, entre ellos España. Es un gran negocio con muchos beneficios porque hay mucha demanda.